la sociedad argentina asiste a un incremento de los fenómenos de violencia que se hacen mucho más críticos en los complejos urbanos. Relacionados a un proceso de empobrecimiento y el aumento de los desequilibrios y diferencias economicas . La situacion actual pone en jaque la fragilidad de las redes de contención y la profunda crisis que se percibe en la seguridad pública.
Las relaciones entre pobreza y transgresión han sido extensamente debatidas en la literatura específica sin llegar a conclusiones definitivas. La situación es todavía menos clara en el caso argentino, ya que la investigación sobre el tema es aún incipiente. A su vez, conocer el nexo entre condición socioeconómica, sociabilidad, cultura local, espacio público y transgresión es imprescindible para implementar políticas preventivas adecuadas.
Es crucial para desarrollar políticas efectivas ponderar el peso relativo de la situación de privación material como factor determinante en la producción de la transgresión y su posible complementación con la intervención de factores de índole subjetivo, cultural o relacional como la interrupción temprana del ciclo escolar, la falta de inserción laboral, la desestructuración familiar, la falta de controles sociales en lo público.
Además de la pobreza, debemos poder considerar otros factores asociados con la criminalidad tales como inequidades, consumo de drogas, presencia del mercado de armas, violencia intrafamiliar, violencia juvenil, etc.
Varias encuestas comparativas muestran que la Argentina es el país de América Latina con los índices más altos de desconfianza en las instituciones públicas, y donde la población se percibe más frecuentemente como víctima de la corrupción de funcionarios estatales. En la percepción ciudadana las agencias de seguridad y control social (policía, institutos de menores, juzgados, cárceles, personal penitenciario, programas de libertad asistida, patronato de liberados, etc.) aparecen entre los protagonistas de esa corrupción y consecuente desconfianza. A su vez, la inequidad e ineficiencia del sistema de justicia, los niveles de violencia institucional y reincidencia de los egresados del sistema penal muestran importantes déficits en el funcionamiento de estas organizaciones. Comprender las razones de este estado de cosas, así como idear adecuados mecanismos de reconversión del sistema, requiere tanto entender los procesos históricos que llevaron a él, como las complejas articulaciones entre el diseño y la cultura institucionales.
