NADA CAMBIA EN LOS INTERNADOS DE MENORES. Los más vulnerables para la mano de obra del delito.

Horacio Verbitsky

El gobierno de Carlos Rückauf solicitó la renuncia del Subsecretario del Consejo Provincial del Menor Roberto Miguel Saredi, quien había enviado una inspección al hogar terapéutico Jesús de Nazareth y, al conocer sus escalofriantes resultados, resuelto que cesaran de derivarse chicos a ese “sitio de reclusión y de castigo”, con alambradas perimetrales de púas, celdas de penitencia y guardias de seguridad. La suspensión de internaciones allí fue dispuesta el 9 de mayo por Saredi, quien era Subsecretario de Asistencia y Tutela del Menor. El 15 de mayo, el presidente del Consejo, Daniel Bolinaga, le solicitó la renuncia. El texto firmado por Saredi menciona diferencias ideológicas sobre si en el contacto con las instituciones asistenciales “deben privilegiarse o no relaciones con determinados sectores de la sociedad”. Saredi también había formulado una denuncia penal por tráfico de drogas contra el sector Enfermería del Departamento de Ubicación de Causas Penales de la Dirección de Registro, Evaluación y Ubicación del Consejo Provincial. Al día siguiente de su alejamiento, el obispo Emilio Ogñénovich visitó a Bolinaga, en compañía del director de Jesús de Nazareth, Edgardo Abrey, y del secretario del juzgado de menores de Mercedes, Horacio Chiminelli, para solicitar que se levantara la veda a su Comunidad. Por cada chico internado en condiciones infrahumanas, la Comunidad Terapéutica percibe hasta 1500 pesos mensuales, aparte de los subsidios extraordinarios que también le paga el gobierno bonaerense. El 3 de febrero de este año, Abrey y Chiminelli, habían interrumpido en forma arbitraria la visita de inspección del Consejo del Menor, que constató las condiciones inaceptables de alojamiento de los chicos. El gobernador Carlos Rückauf, quien desde que asumió no responde a las intimaciones de la Suprema Corte de Justicia sobre el escándalo de las torturas a niños en comisarías e institutos asistenciales de la provincia, ya había protestado por la inspección a Jesús de Nazareth, donde un niño fue violado ante las burlas de sus autoridades. Ogñénovich fue protagonista de un corto publicitario en favor de Rückauf durante la campaña proselitista de 1999, por su presunta “defensa de la vida”. Ogñénovich también pretende el apartamiento de la Secretaria de Patronato de la Suprema Corte provincial, Estela Testoni, y del Asesor de Menores de San Isidro, Carlos Bigalli, y la promoción de Chiminelli, de secretario a juez de menores. Bigalli es el funcionario que recogió las denuncias de los chicos maltratados, Testoni quien refrendó el pedido de la Suprema Corte al Poder Ejecutivo provincial de que tomara medidas para hacer cesar esa situación y Chiminelli quien trató de impedir la inspección.

Tortura y violación

La suspensión de la internación de niños y adolescentes con causa asistencial en la Comunidad regida por Ogñénovich, fue dispuesta por el Subsecretario de Asistencia y Tutela Saredi el 9 de mayo, en el expediente 2146-2.888/00, caratulado “E/Información del diario Página/12 por presuntas torturas, apremios ilegales y otros delitos a menores alojados en comisarías y en la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth”. Causa asistencial es el eufemismo que se utiliza para referirse a los chicos cuya internación es ordenada por un juez con el presunto propósito de protegerlos de una situación de “peligro material o moral”, pero que no han sido autores de ningún delito. Las anacrónicas leyes de menores, de 1919 y de 1980, permiten a los jueces disponer la privación de la libertad de los chicos con la más absoluta discrecionalidad. Por ejemplo, no es ilegal recluir en un instituto durante diez años a un chico que ha sido víctima de una violación, ni devolver a sus padres a otro que la ha cometido. El obispado de Luján-Mercedes depende de modo directo del Papa, por gestión del ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, a quien Rückauf designó secretario general de la gobernación. Antes del despido, Caselli citó en la gobernación a Saredi, le recordó que la Iglesia tenía 2000 años de antigüedad y lo instó a colaborar con Bolinaga. Ninguna de las disposiciones del funcionario cesante hacía referencia alguna a la Iglesia, y se limitaba a constatar las atrocidades ocurridas en la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth, de las que ni siquiera responsabilizaba al Arzobispo. Saredi presidió el Partido Justicialista de Trenque Lauquen de 1995 a 1999. En 1997 Duhalde lo designó Director Provincial del Consejo del Menor. Luego de ganar las elecciones internas de su partido en Trenque Lauquen, ocupó el vigésimo puesto en la lista de candidatos a diputados nacionales. No resultó electo y el 14 de enero asumió como Subsecretario del Consejo del Menor. Apenas cuatro meses después fue separado del cargo.
La Comunidad Terapéutica dependía del arzobispado de Luján-Mercedes, que hasta el mes pasado estuvo a cargo de Ogñénovich, pero al aproximarse su jubilación quedó a cargo de una flamante Asociación Civil “Arzobispo Monseñor Ogñénovich”, que preside Julio Forastieri. Los medios de prensa de la zona del arzobispado sostienen que Forastieri apareció al frente de la Asociación Civil recién luego de las denuncias. Hace dos años Ogñénovich desmintió en conferencia de prensa que Forastieri fuera su testaferro o socio en líneas de colectivos, como afirmaban diversas fuentes de Luján y Mercedes. El semanario XXII informó el 4 de mayo que según los registros del Banco Central Forastieri estaba inhabilitado hasta abril de 2002, por haber librado cheques sin fondos y que sus créditos habían sido calificados por el Banco Provincia en situación 3, o con problemas.
En la publicación de este diario que cita el expediente, se reprodujo el estremecedor relato de un chico internado allí. El testimonio, del que se omitieron los nombres de la víctima y de sus victimarios, fue tomado de un expediente judicial iniciado por Bigalli. “Al llegar el empleado Equis me golpeó y me insultó. Me agarró de los pelos, me dijo: ‘Acá te van a romper el culo’ y me dejó en una celda. A los diez minutos hizo entrar a un menor que en la Comunidad es conocido como ‘violeta’, porque viola a algunos de los chicos que ingresan, con el conocimiento de los empleados. Es de gran físico y al que se resiste lo golpea. Como yo no me dejé empezamos a pelearnos. Equis miraba y se cagaba de risa. Es el que siempre me dice: ‘Vos acá no tenés derechos’. También hay un psicólogo, de apellido Zeta, que me dijo: ‘Acá nadie te da bola. Vos sos enfermo y yo psicólogo y es tu palabra contra la mía’. También me pegó porque no me quise dejar inyectar. Me inyectaron por la fuerza y me encerraron dos días en el ‘buzón’, totalmente desnudo, cagado de frío y sin colchón.” El testigo añadió que “desde que me internaron en la Comunidad sufrí maltratos, insultos y golpes por parte del personal. Me encerraron en el ‘buzón’ sin haber cometido ninguna falta. Para ir al baño tenía que golpear varios minutos antes de que me abrieran la celda. Varias veces tuve que orinar en la celda porque nadie me abrió. Después me castigaron por ello, llevándome a una celda individual”. A raíz de las reiteradas denuncias de Bigalli, la Suprema Corte de Justicia de la provincia solicitó al Consejo del Menor que inspeccionara la Comunidad Jesús de Nazareth. En cumplimiento de esa decisión del órgano que encabeza el Poder Judicial de la provincia, Saredi envió la inspección que le costó el cargo.

La confirmación

Saredi también pidió informes a otras dependencias del Consejo Provincial del Menor sobre los demás puntos de la nota de este diario citada, que refería maltratos y torturas a niños en los institutos Almafuerte, Santa María Pelletier, Leopoldo Lugones, Aráoz Alfaro, Manuel Roca y Agote, en la Dirección de Registro, Movimiento y Ubicación de Menores, y en las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Tigre; 1ª, 2ª y 3ª de San Fernando; 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de Pilar; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª y 9ª de San Isidro; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de Vicente López; Ciclistas de San Isidro; Morón 1º; Comando de San Isidro; Oficina de Coordinación de San Isidro; Destacamento Villa Rosa; Comando de San Fernando; Oficina de Coordinación Tigre y Brigada de Tigre.
Las respuestas recibidas hasta el momento de la remoción de Saredi confirmaron las denuncias. Dos días después de la publicación del artículo “Amados Niños”, la Dirección Provincial de Coordinación de Consejos Departamentales dijo que las circunstancias de “lesiones sufridas por los menores han sido comunicadas a los departamentos pertinentes articulándose acciones para su derivación”. Esa Dirección “trabaja en forma coordinada con los 34 juzgados de menores de la provincia, procurando evitar la permanencia de menores en comisarías”. Ante las denuncias efectuadas contra las comisarías de General Pacheco, de Tigre, y Balneario, de Vicente López, “los menores son alojados en la Comisaría de Barracas, Martínez”. No obstante, consignó que ambas comisarías habían sido refaccionadas y contaban con sanitarios en cada calabozo, agua caliente e instalaciones eléctricas monofásicas para evitar accidentes. Otro informe, fechado el 26 de abril por el Consejo Departamental San Isidro confirmó que el 11 de abril “tomamos conocimiento de una situación irregular del personal policial de la comisaría de Boulogne, en relación a apremios ilegales en el momento de la detención de menores”, que fue informada a la Dirección Provincial de Coordinación de Consejos Departamentales. Contradictoriamente, el mismo informe dijo que desde enero el trato policial a los chicos alojados en comisarías “no evidenció irregularidades, ni se constataron situaciones de malos tratos”.
En su respuesta sobre la comunidad Jesús de Nazareth, la Dirección de Control de Gestión sostuvo que los libros y registros de causas asistenciales y penales estaban actualizados pero que no se pudo constatar toda la documentación por ausencia del secretario de la Comunidad; que la prestación de psiquiatría infantil era “de calidad regular con escasa organización y carente de sistematización” y que algunos informes de ingresos, de evolución semanal y mensual estaban incompletos y no consignaban “los registros por los profesionales de las distintas áreas”. También consignó que como forma de castigo se suprimen la actividad terapéutica y los talleres; los chicos se declaran disconformes por la comida, la distancia que los separa de sus familias y el baño diario sin agua caliente. En la Comunidad regida por Ogñénovich tampoco había un profesor de gimnasia ni constaba “la planificación terapéutica con objetivos, metodología y estrategias a seguir”, no había registro de entrevistas con familiares de los chicos. Según la auditoría médica la evaluación de ingreso, controles periódicos e interconsultas también “es de regular calidad, carente de toda sistematización u organización”. Además “se ha constatado que las condiciones de higiene y limpieza de la cocina no son las mínimas exigibles, debiendo realizarse urgentes cambios en esta área, los cuales ya fueron señalados en dos auditorías previas”. El estado edilicio de la Comunidad Cerrada fue considerado “bastante deficitario para la función de albergar menores bajo tratamiento terapéutico”. Con un hermético eufemismo que impide entender a qué se refiere, la respuesta a la consulta de Saredi afirma que “debe reverse la particular situación de convivencia de estos menores en proceso de reintegración social”.

Una campaña política

En una declaración al diario El Nuevo Cronista, de Luján, el director de la Comunidad Terapéutica, Edgardo Abrey, sostuvo que las investigaciones judiciales y periodísticas formaban parte de “una campaña política contra la figura de Emilio Ogñénovich. Esta campaña se debe a que monseñor Emilio hizo denuncias sobre gente de minoridad y contra gente que hoy ocupa la Secretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, que no podían ocupar cargos porque tenían antecedentes penales”. Según el periodista Mariano Pérez, Abrey se refería al Secretario de Adicciones Alberto Yaría, designado por el ex gobernador Eduardo Duhalde y confirmado por Rückauf, “quien también posee una clínica de recuperación de adictos que estaría siendo investigada por la Justicia ante la denuncia de detección de malos tratos contra los internos”. La nota de El Nuevo Cronista también revela la injerencia de Ogñénovich en la Justicia provincial: “‘En esas denuncias que se hicieron fue tocado alguien que iba a venir como juez de menores a Mercedes. Estaba primero en la lista de candidatos, lugar que había conseguido por contactos políticos, pero Emilio dijo que no a ese nombramiento’, continuó diciendo Abrey. Con una simple postura el arzobispo Ogñénovich pido revocar el nombramiento de un juez”. El diario informa que Chiminelli es el candidato de Ogñénovich, quien lo invitó a participar en la fiesta de asunción de su sucesor en el arzobispado, Rubén Di Monte.

Suministro de drogas

De las denuncias de los chicos recogidas por el Asesor Bigalli se desprende que la práctica habitual en los institutos de menores es drogar a los chicos para que no molesten. Por ejemplo, uno de los testimonios dice: “Como no me sentía bien pedí atención médica gritando y golpeando la puerta. Entonces me sacaron el colchón. Cuando lo pedí de nuevo porque no me sentía bien me inyectaron y a los pocos minutos me quedé dormido. Todas las mañanas, tardes y noches nos dan un polvo blanco para dormir y si nos negamos nos ponen pichicatas”. Otro testimonio sostiene que los guardias “nos vendían drogas a cambio del dinero que nos dejaban nuestros familiares o de ropa”. El 30 de marzo el Subsecretario Saredi solicitó una auditoría integral de la Dirección de Registro, Evaluación y Ubicación de menores. Al auditar el sector de Enfermería, las funcionarias María Cecilia López, Marta Solsona, María Laura Olgado y Marcela Agusti comprobaron que en los primeros cien días del gobierno de Rückauf, había notables diferencias entre la cantidad de drogas estupefacientes o psicotrópicas adquiridas a los proveedores registrados y el stock inventariado. Tampoco existía un libro de control de existencias y en el libro médico no se anotaban los medicamentos suministrados a los chicos los fines de semana. También verificaron la existencia de partidas vencidas de medicamentos psicoactivos como Valium, Akineton y Gardenal. El 14 de abril el Director de Asuntos Legales, Carlos Zorraindo, dictaminó que correspondía instruir un sumario administrativo y, por tratarse de drogas que pueden “producir dependencia física o psíquica en los términos del artículo 77 del Código Penal” [sobre estupefacientes], formular denuncia penal por los delitos tipificados en los artículos 5 inciso e) y 11, inciso d) de la ley 23.737, en concurso material con el artículo 248 del Código Penal. El 19 de abril, Saredi presentó la denuncia en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, por los delitos mencionados en el dictamen, es decir suministro de drogas, reprimido con prisión de 4 a 15 años, que se incrementa de 4 a 20 si el autor fuera un funcionario público encargado de la guarda de presos, lo cual además constituiría un abuso de autoridad. Es decir, delitos no excarcelables. Un mes después el denunciante fue eyectado de su cargo.

LA VIOLENCIA VS. EDUCACION

La problemática de la violencia solamente puede ceder con proyectos de inclusión a través de la educación. El nivel educativo y los índices violencia son inversamente proporcionales en todas las poblaciones urbanas Latinoaméricanas. El aumento del nivel educativo produce, estadísticamente una sensible disminución en los índices de violencia. La integración a través de la educación es entonces nuestro objetivo.

El poder y la violencia Por Osvaldo Bayer

El filósofo alemán Wolfgang Sofky, en su “Tratado sobre la violencia”, nos presenta un personaje completo en su violencia, para entrar en el estudio de ella. Se trata del caballero Gilles de Rais, de una de las familias fundacionales de Francia. Fue general del ejército junto a Juana de Arco. Condecorado por su valentía, guerrero y noble, aristócrata, era admirado por su temeridad e inmensa riqueza. Cuando terminó la guerra, se dedicó a demostrar su poder a través del crimen, pero por otras vías. Asesinó por lo menos a 140 niños entre 8 y 15 años, todos de sexo masculino. A las niñas no las tocó; las despreciaba. El caballero militar se convirtió, en la paz, en un asesino masivo. Se hacía traer niños y adolescentes, los mataba y luego cometía con ellos sodomía. Derramaba su semen en el vientre de sus víctimas, principalmente cuando estaban muertos, pero también en la agonía de éstos. Les cortaba la cabeza con puñales chicos y grandes, pero también con cuchillos, o los golpeaba ferozmente con palos o garrotes, o los colgaba de una barra o de un gancho en su habitación y los estrangulaba. Poder y violencia. A los niños que poseían hermosas cabezas y hermosos miembros los ponía en exposición mientras abría sus cuerpos, ya que le deleitaba ver sus órganos internos y, cuando las víctimas agonizaban, se sentaba sobre sus vientres y los miraba y se reía.
Es muy fácil decir que el caballero francés fue en realidad un monstruo sadista, un aborto de Satanás –como lo calificó la Iglesia, después–, pero el asesinato es obra humana, es algo específicamente humano. Las bestias animales no cometen hechos así. Sólo el hombre es capaz de llegar al peor refinamiento. Le es siempre posible. A pesar de eso, la comprensión humana no llega e interpretar estos hechos de tamaña crueldad. Los motivos de los crímenes del caballero de Rais apenas si pueden llegar a investigarse. Los estados de ánimo cierran la posterior introspección.
Para el noble caballero, violencia para mostrar su poder era su forma de vida. En el juicio que se le hizo prometió peregrinar a Tierra Santa para pedir perdón. El clásico método: se peca, se hace penitencia, se pide perdón y se es perdonado. Punto Final.
En el juicio se recordó que el general depravado, cuando terminó su campaña guerrera, dio fiestas lujosas donde todo se dilapidaba. Mantenía un cuerpo de cincuenta personas de guardia (el poder), entre ellos un coro religioso vestido con trajes de oro y seda; llevaba siempre barriles de incienso y varios órganos, uno de los cuales era transportado por seis hombres. Todo para ser protegido por la religión.
Para el noble guerrero, violencia era su forma de vida; mantener el poder. Y la violencia le estaba permitida a él, el Grandseigneur.
Las circunstancias históricas, los hábitos y su biografía son conocidos. ¿Pero permiten a través de ellos llegar a los orígenes de la violencia?
Ni la crudeza de las costumbres de la época ni el temperamento del asesino puede hacer comprender qué significado tiene en realidad la bestialidad humana. ¿Qué dice, por ejemplo, el origen social acerca del sentido de sus crímenes? Tan enigmática es la bestial figura del caballero. No es la persona sino sus crímenes el problema a resolver.
Es conocido que las atrocidades acercan a uno a la ilusión del poder absoluto. El momento culminante de Hitler es cuando ve que la muerte industrial marcha al minuto. Cuando miles de personas avanzan hacia las cámaras para ser gaseadas. Ya todo salta las fronteras de la vida diaria. Las leyes de la racionalidad son despojadas de los valores y los fines. Es el placer de sentir ironía sobre el sufrimiento de sus víctimas.
Pasemos a otro ejemplo, donde contra el poder de la violencia se ejerce la violencia. El poeta austríaco Georg Trakl, en la Primera Guerra Mundial, es enviado como soldado. Asiste a la batalla de Grodek, donde todo es sangre, barro y mierda, con los jóvenes soldados con sus barrigas abiertas y los intestinos colgando. Cuando termina la batalla, Trakl escribe su última poesía, “Grodek”, donde los versos ya huyen: “y la nocheabraza a los soldados moribundos; la queja salvaje de sus bocas despedazadas... todas las calles terminan en negra podredumbre”, y al final lanza una frase, la más triste: “Los nietos no nacidos”.
El poeta se suicida después del último verso. Es su protesta final contra el poder y la violencia. Los generales siguen haciendo planes de la batalla. Al soldado Trakl lo enterraron sin misa. Desobediencia debida. La protesta. El poeta amado. Limpio. Un dolor inmenso y las lágrimas.
Pero pronto estamos en la realidad. Un general está realizando gestos en televisión. Es el teniente general Jorge Rafael Videla. Y dice y lo repite: “No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Pone un rostro interesado de obispo en exégesis. Pareciera que el general les explicara a los periodistas que por fin se ha llegado al castigo perfecto para el enemigo: su desaparición. No puede desearse mayor escarmiento para quien conspiró contra la manera de ser Occidental y Cristiana, la ley de Dios. Ni vivo ni muerto. Desaparecido. En el limbo gris de la penumbra. Ni tumba, ni flores, ni cruz: desaparecido. El castigo ya no es sólo para el reo sino para sus padres, esposa, hermanos, hijos. Todos murmurarán con terror: desaparecido. Por mandato de Dios. No tienen siquiera sombra en la sombra. Si hay un castigo eterno es éste: desaparecer, que es ni siquiera existir o no existir.
El general sabe muy bien que hay algo aún más terrible que eso. El castigo que corroe el cerebro y las entrañas de los desaparecidos: quitarles sus niños, sus hijos. Es superior a la cárcel eterna en sótanos oscuros, que la pena de la hoguera, de la rueda o del despellejamiento. No sólo quitarles los hijos sino educarlos precisamente en las ideas contrarias a las de ellos. No, no se le puede infligir derrota más grande, humillación más perfecta. Eso a los padres; pero a las madres, sacárselos en el momento de parir en el piso de alguna letrina del peor sucucho del general Camps y del doctor Bergés. Sí, así, solteras embarazadas cuando la mujer debe ser virgen como la Virgen María y la Virgen Capitana del Ejército. Y “salvar” al hijo quitándoselo sin mostrárselo. El mejor castigo. No inventado todavía por la mente humana, pero sí por la mente argentina. El pobre caballero Gilles de Rais quiso demostrar lo que es el poder. No; el poder es el que demostraron los oficiales salidos del Colegio Militar de la Nación. Desaparición y quita de hijos, y educación de éstos en el buen camino.
La fórmula más cruel de represión en el mundo. La mejor fórmula de demostrar poder. Hacer desaparecer, la fórmula mágica.
Hoy, Videla sabe muy bien que nadie lo superará en métodos represivos. Desde la celosía de su departamento mira agradecido el edificio de la iglesia castrense. De pronto, una atmósfera gris lo rodea. El, para dejar las cosas bien sentadas, dice en voz alta, como si estuviera entre los periodistas, en aquel 1978: “No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos”.

LA VIOLENCIA URBANA

la sociedad argentina asiste a un incremento de los fenómenos de violencia que se hacen mucho más críticos en los complejos urbanos. Relacionados a un proceso de empobrecimiento y el aumento de los desequilibrios y diferencias economicas . La situacion actual pone en jaque la fragilidad de las redes de contención y la profunda crisis que se percibe en la seguridad pública.

Las relaciones entre pobreza y transgresión han sido extensamente debatidas en la literatura específica sin llegar a conclusiones definitivas. La situación es todavía menos clara en el caso argentino, ya que la investigación sobre el tema es aún incipiente. A su vez, conocer el nexo entre condición socioeconómica, sociabilidad, cultura local, espacio público y transgresión es imprescindible para implementar políticas preventivas adecuadas.

Es crucial para desarrollar políticas efectivas ponderar el peso relativo de la situación de privación material como factor determinante en la producción de la transgresión y su posible complementación con la intervención de factores de índole subjetivo, cultural o relacional como la interrupción temprana del ciclo escolar, la falta de inserción laboral, la desestructuración familiar, la falta de controles sociales en lo público.


Además de la pobreza, debemos poder considerar otros factores asociados con la criminalidad tales como inequidades, consumo de drogas, presencia del mercado de armas, violencia intrafamiliar, violencia juvenil, etc.

Varias encuestas comparativas muestran que la Argentina es el país de América Latina con los índices más altos de desconfianza en las instituciones públicas, y donde la población se percibe más frecuentemente como víctima de la corrupción de funcionarios estatales. En la percepción ciudadana las agencias de seguridad y control social (policía, institutos de menores, juzgados, cárceles, personal penitenciario, programas de libertad asistida, patronato de liberados, etc.) aparecen entre los protagonistas de esa corrupción y consecuente desconfianza. A su vez, la inequidad e ineficiencia del sistema de justicia, los niveles de violencia institucional y reincidencia de los egresados del sistema penal muestran importantes déficits en el funcionamiento de estas organizaciones. Comprender las razones de este estado de cosas, así como idear adecuados mecanismos de reconversión del sistema, requiere tanto entender los procesos históricos que llevaron a él, como las complejas articulaciones entre el diseño y la cultura institucionales.

La Esquizofrenia Penal

Armando Benedetti Jimeno. Columnista de EL TIEMPO.

Lo que hay que ver antes de autorizar que se haga política desde las cárceles.

Las razones por las cuales un mismo gobierno puede autorizar a unos criminales que hagan política desde la cárcel y arrebatar los derechos políticos a los parientes de quienes resultan comprometidos en la llamada 'parapolitica' no son tan incomprensibles como se insinúan en primera lectura.

Olvidamos a conveniencia que el derecho penal es apenas eso y que, por lo tanto, no puede procurarnos la paz, ni la verdad, ni la reparación. En la mayoría de las oportunidades, tampoco la justicia. Foucault decía que el derecho penal nace "con los inocentes que agonizan al amanecer". O en los crímenes al alba.

Conocí el otro día un estupendo ensayo de Julio González Zapata, profesor de la Universidad de Antioquia dedicado a languidecer las enormes y desmedidas responsabilidades que se le otorgan a la ley en términos de paz, justicia, verdad y reparación con ocasión de la desmovilización de grupos de autodefensa. Demuestra González Zapata que el derecho penal es forzosamente desigual, selectivo y discriminatorio. Esto se materializa en atenuantes, agravantes, fueros, inmunidades, privilegios, tribunales especiales, instancias extraordinarias y tipos de prisión que dispone cada vez. El derecho penal no defiende todos los bienes que interesan a los ciudadanos. Al derecho penal no le interesa sino la verdad procesal, que es un simple remedo instrumental de la verdad esencial. Para un abogado solo existe lo que obra en el expediente. Por eso, pretender que de las confesiones de los victimarios (González advierte que en esa fe exagerada en la confesión hay un retorno a épocas premodernas) y de los procesos penales pueda surgir la verdad compleja y horrible de nuestras guerras es una ingenuidad. Y siempre una farsa.

Agrega González que la ley no es un instrumento de paz. Detrás de la ley arde la guerra, "hirviendo dentro de los mecanismos del poder". Las leyes de amnistía e indulto son de alguna manera antileyes: olvidan el delito o perdonan las penas. El escenario internacional ha arrebatado soberanía a Colombia, que maneja penalmente sus problemas con estándares extranjeros, generalmente concebidos para un derecho global homogéneo.

Las pruebas históricas de la anomia (dificultad para articular lógicas) de nuestro Estado y las instituciones penales es impresionante. La "Regeneración", conservadora, católica y autoritaria, escogió un código liberal iluminista. La "revolución en marcha" de López Pumarejo dictó un código penal positivista de indudable estirpe autoritaria. En 1980, el gobierno más enfático en la "Seguridad Nacional" de la guerra fría canceló nominalmente el "peligrosismo" de 1936. La esquizofrenia llega hasta nuestros días: la justicia restaurativa, útil para paliar delincuencias menores, aquí la utilizamos para masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.

Negamos que exista un conflicto cuando se agrava. Negamos el delito político la víspera de cuando lo necesitaremos para una indulgencia que nos procure la paz. Invocamos el interés por las víctimas cuando endurecemos las penas, y precisamente para aquellos delitos (terrorismo, concierto para delinquir, secuestro, etc.) en que más incurren los grupos sediciosos y contrainsurgentes. Lo que no impide, por supuesto, que inventemos unas penas "alternativas" que hagan el esguince.

Nuestras guerras están lejos de terminar. La guerra subversiva es más verdad que nunca. La paramilitar tampoco agoniza. Las desmovilizaciones son masivas pero individuales. Hay quienes no se desmovilizan aún y quienes pretenden suceder a los criminales históricos. Estos últimos aspiran apenas a que un derecho penal indulgente les facilite un escenario menos agónico, rampante, premoderno e irreductiblemente delincuencial donde continuar sus andanzas. Habría que tener en cuenta todo esto antes de autorizar que se haga política desde las cárceles. Y antes de acuñar ilusiones sobre lo que les hará el derecho penal a nuestras pesadillas.

Armando Benedetti Jimeno

De la fábrica de pobres e indigentes a la ortopedia social: el proceso de construcción de la sociedad que nos avergüenza.

Un aporte en la comprensión de un problema social que padece la nación argentina.

Por Juan Francisco Venturino

Quizá nos dan hoy vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites y a veces en el corazón de las ciudades. Le encantaba esta nueva benignidad que remplazaba los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los Códigos penales de la época moderna? Prologo de Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión por Michel Foucault.

En los tiempos de Platón, los hombres ya se preocupaban por la naturaleza de la sociedad y las relaciones del individuo con el orden social. En la actualidad esa inquietud no ha mermado, por el contrario y a pesar de haber pasado un largo tiempo, escasos pasos se han avanzado en el camino del entendimiento en lo que al orden social se refiere. Para comprender el orden social contemporáneo de estas latitudes inevitablemente debemos remitirnos a la realidad criminal argentina.

La situación actual debería prepararnos para un gran debate de la sociedad que integramos y pretendemos conformar, discutiendo sobre el problema de fondo, la pésima distribución de las responsabilidades sociales producto de una clase dirigente caracterizada por la “ineptocracia” (gobierno de los ineptos) verdaderos inútiles que no han cumplido con el contrato social del que nos hablaba Rousseau que consiste en procurar el bien común.

Durante casi medio siglo nos hemos apartado deliberadamente de las estrategias de desarrollo que en las décadas precedentes habían inducido altos flujos de movilidad estructural ascendente, revirtiéndolo. La implementación de los modelos de ajuste en la Argentina de la última década, como una de las peores medidas económicas del hemisferio, han contribuido esencialmente a producir pobreza a nivel macro (por la regresividad en los ingresos, el aumento del desempleo, etc.). Esto dio como resultado el empobrecimiento de vastos sectores sociales colocándolos bajo las líneas de pobreza y de indigencia, 22 millones la primera y más de 8 millones la segunda después del 2001, aprox. el 65% del total de la población argentina.

La clase dirigente se encargó de poner en práctica el asistencialismo y las políticas de inclusión en forma “compensatoria” de los “costos sociales ” derivados del proceso de ajuste económico estructural, cuya implementación y gestión fue descentralizada y “territorializada”, con efectos que facilitaron el empobrecimiento y desestructuración social, perpetuando el clientelismo político y debilitando la estructura económica nacional. En esta socialización de las pérdidas todos debemos pagar el costo de “enderezar” y “re-habilitar” a un crecido número de “integrantes” (porque siguen formando parte) de la sociedad. Sin trabajo ni educación, los marginados son clientes potenciales del sistema delictivo, por ser la única ocupación que no les exige lo que no pueden dar.

La desigualdad y el empobrecimiento junto a la falta de oportunidades laborales y educativas se constituyen en un verdadero “combustible” de la delincuencia.

En estos tiempos violentos, percibimos cómo el delito ha dejado de ser lo infrecuente, lo anormal, para ser habitual en nuestras vidas. Recibimos constantemente bombardeos de noticias que ponen como plato del día a los delitos complejos, los asaltos violentos a personas mayores, los secuestros extorsivos, los robos con abuso de armas, resucitando imágenes que queremos olvidar.

Si bien la seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por lo tanto, su garantía constituye una actividad esencial inherente a la existencia misma del Estado moderno, esta meta no ha sido alcanzada.

Con el tiempo y la aceptación de discursos repetibles hemos desarrollado una baja tolerancia para ciertos actos delictivos en contraste con otros actos criminales. Así, es como la “impunidad” se encarga de purgar la culpabilidad de los delitos cometidos desde las esferas del poder y la corrupción pública. Tal situación ha dejado al descubierto una “justicia penal” selectiva, que sólo alcanza a los “justiciables”[1], como mantenía Michael Foucault, una política que administra diferencialmente los “ilegalismos” y la punibilidad, generando un doble estándar entre lo correcto y la conducta desviada, lo que nos condujo hacia la peor forma de gestionar la empresa social de la desigualdad. De acuerdo a estadísticas oficiales recientes, la mayor acumulación de delitos se produce en el conurbano bonaerense, en los cinturones urbanos más carenciados. Pero este análisis no se reduce a decir que la criminalidad es comparable con la pobreza o la precariedad.

La exclusión social y la prédica individualista generó en nuestras poblaciones una “desafiliación”[2] (Castel, 1995) motivo por el cual se pervirtió el vínculo social. Viven como personas que no le han encontrado el sentido orientador de la propia existencia, supernumerarios rodeados de una cantidad de situaciones caracterizadas por la precariedad y la incertidumbre del mañana. La dimisión del Estado en sus funciones económicas y sociales ha sentado las bases para transformaciones regresivas. Regresión que se traduce en las múltiples formas de violencia cotidiana en la que la sociedad argentina está inmersa, bajo modalidades y niveles de los que no hay registro en su historia contemporánea. Pero no se trata sólo de la violencia material que se registra parcialmente en las estadísticas delictivas. Se trata de la violencia simbólica que la precede y acompaña: la destrucción del tejido social, la inexistencia de valores, la ausencia de ideales, que conducen a un gran número de individuos a pensar que todo da lo mismo, que muy poco se puede cambiar y que nada vale la pena.

Teresa Pandolfo sostiene que el cambio de expectativas para quienes sufren la marginalidad y sólo ven en el delito una vía de mejoramiento económico circunstancial o un modo de vida es una responsabilidad de conjunto: del Estado -en sus propias competencias- y de la sociedad civil, parte integrante y hasta determinante en lograr niveles de equidad y solidaridad. Cada uno de los ciudadanos debe comprender que así como se puede ser la víctima siguiente de la inseguridad, también forma parte de la resolución del problema social de fondo.

Por otra parte Durkheim y Merton nos ilustraron a través de formulaciones sociológicas de la anomia, tratando de explicar distintas formas de la conducta desviada dentro del ámbito de la sociedad global y dentro de su estructura social haciendo hincapié en el desequilibrio entre las metas culturales y las normas institucionales de una sociedad, enfocándose en el orden social. Cualquier meta cultural muy apreciada en una sociedad, es probable que afecte los medios institucionalizados. Concebían la anomia como un derrumbe de la estructura cultural que acaece, sobre todo, cuando existe una discrepancia aguda entre las normas y metas culturales y las capacidades de los miembros del grupo de obrar en concordancia con aquellas. Un equilibrio eficiente entre estas dos fases suele mantenerse mientras los individuos obtengan satisfacciones conformándose tanto con las metas culturales como con los medios institucionalizados.

Al respecto Cloward y Ohlin nos ilustraron con su estudio de la subcultura criminal y con su análisis nos advirtieron que la delincuencia juvenil toma un carácter disciplinado y económicamente redituable debido a que los modelos de rol criminal son respetados y las oportunidades que ofrecen las actividades ilícitas y el delito son lo suficientemente atractivos. En una comunidad desintegrada, disgregada, el control de los jóvenes es muy escaso e ineficaz; faltan modelos de rol genuinos y las oportunidades brillan por su ausencia, aportando una verdadera tensión conflictual que los conduce al delito.

Hemos presenciado silenciosamente la fractura del tejido social, de la mano de las más desacertadas políticas económicas y la corrupción[3] distribuyendo en forma maniquea las riquezas patrimoniales de nuestro territorio, conduciéndonos a la desconfianza en las instituciones públicas y al desprecio en las herramientas de poder ciudadano que dilapidaron sin prisa pero sin pausa, los elementos de cohesión del pueblo argentino.

En la actualidad, pobres y ricos padecen la inseguridad y el miedo, sienten la angustia cotidiana producida por la violencia y la criminalidad, pero a diferencia de los pobres, los ricos han podido proveerse aquello que el Estado ausente no ha podido: la seguridad privada[4]. Tal situación ha fecundado el crecimiento de las agencias de seguridad (conformando verdaderos ejércitos de jefes de familia desocupados) al calor de los hechos delictivos.

El crecimiento del delito vino acompañado del intrusismo en manos de “la policía de los particulares”, que sin una homologación de sus servicios y cometiendo irregularidades e infracciones y ocultándose en las sombras de verdadero contralor gubernamental ha invadido en forma directa el núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública por parte del Estado.

Estas nuevas “empresas” regenteadas en muchos casos por políticos de tercera línea o ex-policías. apartados de la fuerza por ajustes políticos o incumplimientos graves a los deberes del funcionario público, funcionan precariamente y emplean a un importante número de recursos humanos degradados. Su lucro consiste en la explotación del flagelo de la inseguridad como si se tratara de un negocio.

En números prácticos se han estimado que el número total de efectivos de las agencias privadas[5] de vigilancia y seguridad en la Argentina ronda los 100.000 personas, sin contar a aquellas que operan en las sombras, disfrazadas en algunos casos como cooperativas sin declarar la función real desempeñan o intentan desempeñar.

Mientras que el total de efectivos que revisten en todas las policías del país, el número es aproximadamente de 140.000 hombres.

Aún no hay datos oficiales ni estudios serios sobre el tema pero se considera que la seguridad privada en la Argentina recauda cerca de 900 millones de pesos por año, mientras que el presupuesto[6] de la policía de la Provincia de Buenos Aires es de 980 millones de pesos anuales.

La inseguridad modificó las costumbres y la forma de vida de los argentinos, se vive con temor, en estado de alerta y persecución, presos en sus propias casa, jaqueados por la delincuencia que obliga a usar mecanismos preventivos, dispositivos de alarma sonora, sistemas de monitoreo y control de accesos. Nadie confía en el funcionamiento del sistema coercitivo encargado de reprimir el delito en forma coactiva. El monotemático discurso de la “mano dura” con el delito se abre paso en una sociedad amenazada. La desconfianza, el escepticismo y la confusión sirven al oportunismo político que pide endurecimiento de las penas, como si la seguridad pública pudiera ser resuelta de esta manera. En contraste se hallan las organizaciones de desocupados que proponen resolver la tremenda exclusión social con una mayor y mejor distribución de la riqueza.

Ambas visiones tienen un lado en común que consiste en la exigencia de soluciones rápidas, masivas y de gran efectividad por parte del Estado, como si la problemática pudiera resolverse de un día a otro. Por su parte las respuestas gubernamentales han oscilado en apariciones públicas de primeros mandatarios recorriendo discursos racionales o con la remoción del Ministro de turno.

Esta dicotomía ha reducido a lo elemental el debate pendiente de la cuestión social del delito y la criminalidad.

Con la esperanza de arribar a una mayor comprensión del fenómeno proponemos estudiar ciertos datos estadísticos para analizar las causas y el estado de situación de esta problemática a través de estadísticas criminales: El Estado nacional destinó un presupuesto para 2005 en la justicia de 3350 millones de pesos para afrontar los gastos del sistema. El 90% de esta suma fue destinada al pago de sueldos de las 80.000 personas empleadas de las cuales sólo 4300 son jueces. Con el escaso 10% restante deben efectuarse desde la compra de insumos básicos como papel hasta el mantenimiento edilicio y las inversiones de capital, como la actualización de tecnología, pc, mobiliarios, etc.

Estos 4300 jueces deben resolver la creciente demanda de servicios de justicia, que mensurada en cantidad de causas ingresadas, trepó al inquietante número de 3,9 millones de nuevos expedientes en el año 2004. Con este caudal cada juez debería resolver 920 causas nuevas por año, a lo que debemos sumarle aquéllas no resueltas de años anteriores.

En el último decenio prácticamente se duplicaron las denuncias de delitos. En 2004 se denunciaron 1,2 millones con el consecuente impactó en la cantidad de personas mantenidas en cautiverio.

En cinco años se dobló la cantidad de detenidos en cárceles en todo el país, ascendiendo al oscuro número de 62.870 detenidos entre condenados y procesados, incluyendo comisarías dentro la provincia de Buenos Aires y en dependencias de la Prefectura y Gendarmería. Esto representa un incremento del 65% con respecto al año 2000. La tasa de detención alcanzó a 173 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que nos ubica dentro de los primeros diez países del mundo en cantidad de detenidos en relación con el número de ciudadanos.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el porcentaje de reincidencia de los detenidos se ubica entre un 6% y un 14%, es decir al menos siete mil detenidos vuelven a cometer delitos una vez recuperada la libertad.

Hasta aquí hemos hecho una simple mención de cifras que nos ayudan a comprender el colapso del sistema carcelario, que actualmente no posee la capacidad suficiente para albergar a un número tan grande de detenidos. El índice de superpoblación carcelaria alcanza al 42%. Situación que denota las condiciones de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en instalaciones inicialmente construidas para un número mucho menor de internos. Y como si no alcanzara debemos sumarle un avanzado deterioro por falta de mantenimiento en los servicios básicos dentro de los penales. El mal funcionamiento o la inexistencia de servicios sanitarios, cloacas, agua potable y atención médica hacen de los Penales un lugar inhabitable para los internos recluidos, además de sufrir de encierros prolongados, maltrato (en algunos casos derivando en la muerte de detenidos) convirtiendo la estancia en un centro de detención en una verdadera lucha por su propia supervivencia.

Al mismo tiempo se pudo constatar la convivencia de diversas categorías de presos compartiendo el espacio común entre procesados y condenados y adultos con menores de 21 años dejando al descubierto el riesgo y la inseguridad al que están sometidos.

El derecho penal no posee cualidades prácticas per se ya que las normas están mediadas por individuos portadores de relaciones sociales que ocupan cargos en las instituciones estatales, dichas instituciones como el Poder Policial, el Poder Judicial y el Poder Penitenciario que son las que ejercen (o no) el Derecho Penal. La unanimidad de los medios se dedica a hacer minuciosas y dolorosas descripciones de los hechos pero nunca abordan con el criterio que el caso requiere las causas y condiciones de la criminalidad.

Esta realidad que es repugnante con la obligación estadual[7] de dar a quienes están cumpliendo una condena, o una detención preventiva, la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto de la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y moral. El Estado está obligado a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional. La tolerancia de tales situaciones atenta contra el funcionamiento del sistema representativo, republicano y federal que rige a la Nación.

Frente a esta situación inmanejable la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo sin precedentes, hizo lugar a un amparo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales y ordenó a la Provincia de Buenos Aires que terminara con el “trato inhumano” diciendo “…Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa, de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún persiguen la reinserción social de los detenidos, pues esas situaciones indican una degradación de las obligaciones primarias del estado, lo que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó medidas provisionales en noviembre de 2004 y las reiteró en junio de 2005, debido a la grave situación constatada en los penales de la provincia de Mendoza, requiriéndole la adopción de las medidas urgentes a fin de proteger la vida e integridad física de los detenidos de manera eficaz, de modo que no se produzca una muerte más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: “una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”

La privación de la libertad en penales ha dejado de cumplir con el cometido para el fueron creadas que consiste en preparar al individuo para reinsertarse en la sociedad haciendo exactamente lo contrario. En esta misma línea el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo sostuvo en una declaración pública lo siguiente: “Hoy las prisiones son criminógenas: generan en los presos un comportamiento criminal”[8]. Un tiempo después en otra declaración donde se le preguntaba sobre la muerte de un joven, Mattarollo decía “se comprobaron situaciones de detención inhumanas, situaciones decididamente reñidas con las normas de derechos humanos internacionales ratificadas por Argentina con jerarquía constitucional […] el hecho de que estén mezclados los internos por edades es una violación del principio de clasificación que indica la obligación de separar procesados y condenados, y menores y adultos”[9] .

Las condiciones inhumanas de encarcelamiento, no cimientan la dignidad humana ni ofrecen posibilidad alguna para la rehabilitación de los internos. Las condiciones en las que sobreviven los detenidos en el sistema penitenciario nacional no los preparan para su futura reinserción en la sociedad.

Podemos reconocer a esta instancia, la ineficacia de los métodos empleados para reducción del delito. Ni más cárceles, ni mayores condenas, ni la reforma integral del código penal parecen ser suficientes para neutralizar el alto índice de criminalidad. El aparato de persecución criminal, una justicia penal que no da a vasto, un sistema colapsado por completo, una policía más deficiente hace del sistema coercitivo una deposición estatal de gran magnitud.

Sobre tales presupuestos, siempre que la criminalidad sea resultado del empobrecimiento y la marginalidad y por tanto que la actividad delictiva se convierta en la única actividad rentable para un porcentaje nada despreciable de la población, no disminuirán los índices del delito, por el contrario cada día la sociedad y los gobiernos que se da para misma prepararán nuevos candidatos para el delito.

Es importante apreciar que detrás del sentimiento genuino de indefensión se oculta el oportunismo y el clientelismo político y que la realidad supera a los padecimientos y al pensamiento mágico para demostrarnos cotidianamente que ni más cárceles ni la modificación de las leyes penales podrán per se poner fin a este flagelo.

Efraín González Luna sostiene de forma inteligente que la política social no es la explotación política de los problemas sociales, sino la acción recta y eficaz del Estado para instaurar, fortalecer y defender un verdadero orden social.

Debemos reconocer en principio que el problema encierra diversas variables complejas y ya no tolera ni análisis ni respuestas simplistas. Hemos visto que las soluciones mágicas no existen, tampoco se reduce el delito con la mera expresión de intención o voluntad, todo parece conducir al camino de respuestas interdisciplinarias.

Sólo la toma de conciencia y el estudio exhaustivo de las causas junto a la obtención del consenso fruto de la promoción de la participación ciudadana incluidos los sectores académicos, gubernamentales y de la justicia, en proyectos políticos a largo plazo que impliquen un involucramiento y compromiso de todos los actores sociales de la sociedad, pueden ser las claves para un buen comienzo.

Total de 3345 palabras.

Bibliografía:

Anuario estadístico de la Republica Argentina 2006 1ª ed. Buenos Aires, Instituto Nacional del Estadística y Censos, INDEC, 2006. 600 p.

Baratta, Alessandro: “Política criminal: entre política de seguridad y política social”, en Delito y Seguridad de los habitantes. Elias Carranza (coord). México: Siglo XXI, 1997.

Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia: “La droga en los jóvenes: un viaje de ida. Desde una política de neutralización hasta una política criminal de exclusión sin retorno, en Jóvenes: ¿en busca de una identidad perdida. Publicación del Centro de Estudios en Juventud CEJU. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile, 2001.

Castel, Robert: “Las metamorfosis de la cuestión social. Ed. Paidós, Bs.As., 1997.

Pegoraro, Juan: “Las relaciones sociedad-estado y el paradigma de la inseguridad. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, 1998.

Pegoraro, Juan: “Violencia delictiva, inseguridad urbana: la construcción social de la inseguridad ciudadana. Nueva Sociedad, 2000.

Pegoraro, Juan: “El eslabón perdido: teoría sociológica y delito organizado. Encrucijadas, 2002.

Cloward, R. & Ohlin, L: Delinquency and Opportunity. NY: Free Press, 1960.

Cloward, R. “Illegitimate Means, Anomie and Deviant Behavior” American Sociological Review, 1959.

Tagliavini, A.: “El Futuro, de la Esperanza, 2004”. Texto completo en

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/

M. Alcale Sanchez: “El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar” Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

Foucault, Michel: “Vigilar y Castigar”, Siglo XXI, México, 1976.

Foucault, Michel: “La verdad y las formas jurídicas”, Gedisa, Barcelona, 1980.

Foucault, Michel: “Genealogía del Racismo”, La Piqueta, Madrid, 1992.

Lemert, Edwin: “Estructura social, Control Social y Desviación en Anomia y Conducta Desviada”. Marshall B.Clinard, Paidos, Bs. As., 1967

---

[1] Dícese de aquellas personas que reciben todo el peso de la justicia penal por características personales, socio-culturales o económicas.

[2] La noción de “desafiliación” pertenece al mismo campo semántico que la disociación, la descalificación o la invalidación social, conceptualización del sociólogo francés Robert Castel.

[3] Según la Real Academia Española, corromper es alterar, trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar, pudrir; y la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse.

[4] Estas empresas no sólo no cumplen con las leyes laborales sino que terminan constituyendo verdaderos imperios de la ilegalidad, apoyándose por un lado en que el personal que incorporan a sus líneas es un recurso humano degradado y por otro en la falta total de controles de toda índole. Se constituyeron a la luz de un vacío legal, ante una situación no prevista jurídicamente. Así nacía el poder de policía en manos de los particulares, los que deberían funcionar como complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública, articulados por un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionen el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Con el argumento perfecto de la colaboración, evitaron ser cuestionados por todos los ámbitos políticos.

[5] Con diez años de existencia en Latinoamérica son conducidas por dirigentes de la política o las fuerzas seguridad del Estado, nacieron como fruto el apremio de la inseguridad pero los Estados en que parasitan no han delegado sus potestades y facultades.

[6] A modo de ejemplo el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se estima en 200 millones de pesos anuales. Por otra parte siendo un organismo fundamental en el manejo de la información sensible por parte del Estado sin embargo no cuenta con una nómina de los integrantes de la Policía Federal, de la provincia y de las Fuerzas Armadas dados de baja, en situación de disponibilidad o pasados a retiro, o exonerados por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Ello debido a los insuficientes recursos presupuestarios y tecnológicos.

[7] El art. 18 de la Constitución Nacional establece que “...las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija...”

[8] Citado en el diario “Clarín”, edición de 14 de Enero de 2005.

[9] Citado en el diario “Página 12”, edición de 23 de Junio de 2005.