domingo, 8 de abril de 2007

Década del 90 y relaciones internacionales de mercado:

Por Juan Francisco Venturino.


Gran parte de la historia de Sudamérica esta vinculada a Estados Unidos. La presencia de la potencia en la región, ha sido permanente y la etapa que caracterice a la potencia globalmente resulta decisiva para su relación con la región en el ámbito internacional.

Durante los `90 América del Sur adoptó reformas en sintonía con el Consenso de Washington, las relaciones internacionales pasaban así a ser relaciones de mercado donde primaban los intereses económicos por sobre las cuestiones internacionales de “alta política”. Es lo que Tokatlían[1] llama rehegemonización. En esta rehegemoniza-ción creció la influencia de EE.UU. a través de un dominio más flexible, mientras decrecía el interés estratégico por la región sudamericana. Su bajo desempeño económico y su inestabilidad política hizo que disminuyera el interés de las potencias industriales convirtiéndose de esta forma en un actor internacional con escasas capacidades de diversificación y limitados espacios de proyección: habían desaparecido las alternativas viables de inserción internacional lo que hizo funcional la reconfirmación de su dependencia frente a EE.UU.[2]

En los ´90, la liberalización económica fue presentada al mundo en desarrollo como la respuesta a estrategias ineficientes asociadas a la protección comercial y como una forma de aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecía la globalización. Casi todos los países adoptaron reformas que lograron controlar la inflación, vendiendo empresas estatales, reduciendo aranceles, y abriendo los mercados de capitales reformando el sistema tributario y disminuyendo déficit públicos a la espera de altas tasas de crecimiento. Sin embargo las tasas de crecimiento en lugar de acelerarse declinaron, en Sudamérica, la región donde más se había avanzado en el proceso de reformas, el crecimiento de los ´90 fue tan sólo de un 3,2% anual. Es probable que la crisis asiática haya sido el peor revés de la economía de mercado dejando como enseñanza que la liberalización financiera puede ser fuente de profunda inestabilidad macro-económica cuando no está acompañada de un marco institucional apropiado.[3]

El mundo de la post Guerra Fría se perfilaba como un “nuevo orden” regido por las relaciones internacionales de mercado que obligó a los países a revisar sus patrones de inserción internacional. Mientras los Estados reducían su capacidad política aparecían nuevos actores con poder. En este marco de pensamiento neoliberal las regulaciones gubernamentales se debilitaron.

La renegociación de la deuda externa y las condicionamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tales como la reducción del Estado mediante la privatización, desregulación y reforma institucional, así como el mantenimiento de un régimen de tasas fijas o semi-fijas de cambio (en general sobrevalorizado) acrecentaron la vulnerabilidad externa de los países sudamericanos. Los Estados perdieron capacidad de negociación y de regulación de las economías nacionales. Es decir el término “dependencia” en boga en los ‘70, adquirió en los ¨90 más relevancia que nunca.

Retrospectivamente, pueden apreciarse los efectos contradictorios de esta apertura al mercado financiero internacional. Por una parte, la afluencia de capitales extranjeros, cuando se trata de inversiones extranjeras directas, contribuye a la formación de nuevas capacidades de producción, que incorporan los últimos avances de la tecnología, ya que el objetivo de las transnacionales, en el decenio del `90, es el de establecerse en algunos países de base productiva que les asegure la competitividad en el plano internacional. Esta estrategia se contrapone punto por punto con la que propendía a la sustitución de importaciones. Si las condiciones macroeconómicas son suficientemente estables y la afluencia de capitales se prolonga por un periodo cercano al decenio, cabe concebir que el aumento de las exportaciones permitiría a la larga saldar la deuda externa. Pero hay otros efectos que pueden presentarse como la inflación de los precios de los activos, la caída en la tasa de ahorro, y los desplazamientos de la producción de exportaciones hacia el mercado interno que provocan un circulo vicioso, que tiende a oponerse a la espiral virtuosa que preveía la aplicación de la liberalización financiera. Sin embargo, la liberalización financiera provocó en varios países, profundas crisis. Poniendo en duda las estrategias y los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, que se fundamentan en una idea simple: “el mismo modelo, la misma crisis, la misma terapia para todos”. La historia económica y financiera enseñan que las crisis económicas se suceden pero no se parecen ya que las reformas institucionales con que se busca recuperarlas dan vida a nuevas formas de reglamentación, susceptibles a su vez de crear una crisis estructural de nuevo cuño. [4]

El llamado consenso de Washington generado por los funcionarios económicos estadounidenses del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aseguró su éxito como doctrina intelectual basándose en su simplicidad, las políticas recomendadas podían ser administradas por los economistas utilizando poco más que simples marcos contables. Unos pocos indicadores económicos (inflación, crecimiento de la oferta de dinero, tasas de interés, déficit presupuestario y comercial) podían servir para fijar una serie de recomendaciones de política. De hecho, los economistas podían tomar un avión, llegar a un país, mirar e intentar verificar estos datos y hacer recomendaciones macroeconómicas para reformar las políticas, todo ello en un par de semanas. La receta más importante del paquete de medidas de estabilización propuesto por el consenso de Washington probablemente haya sido el control de la inflación bajo la creencia de que la inflación es costosa y debe ser eliminada.


Hacia un desarrollo más sostenido y equilibrado. Convergencia Sudamericana ¿sueño o posibilidad?

La liberalización económica fue presentada al mundo en desarrollo como la respuesta de estrategias ineficientes asociadas a la protección comercial. Representó un cambio significativo a las estrategias de desarrollo que durante varias décadas exigieron una extendida intervención del Estado para las “industrializaciones tardías”. En la actualidad la liberalización financiera puede ser vista como una fuente profunda de inestabilidad económica, si no viene acompañada de un marco institucional apropiado. América latina fue la región donde más se avanzó en el proceso de reformas y registra niveles inferiores de actividad económica a la existente antes de la aplicación de las medidas de apertura. Las tensiones distributivas son agudas, las disparidades de ingreso entre los países desarrollados y los menos desarrollados se acentuaron, el 57% de la población mundial vive en países cuya distribución se ha deteriorado frente a sólo el 16% en aquellos en que a mejorado.

La privatización de empresas públicas implicó considerables pérdidas de puestos de trabajo; la apertura del mercado interno a las importaciones arruinó a un enorme abanico de pequeñas y medianas empresas; la desregulación facilitó la concentración-desnacionalización empresaria y se acentuaron estructuras fiscales regresivas: más impuestos sobre el consumo y menos sobre los beneficios de los grandes grupos, etc. Todo ello acentuó la desestructuración de los tejidos sociales que ya habían sufrido importantes deterioros en los años ´70.

Estos hechos y el descontento provocaron un debate positivo que seguramente enriquecerá la agenda del desarrollo, haciendo hincapié en un nuevo equilibrio entre el mercado y el interés público, generando “políticas públicas” entendidas como una forma de acción organizada a favor de objetivos de interés común, más que exclusivamente como acciones estatales. [5]

Habrá que poner en práctica una serie de reformas destinadas a evitar grandes crisis financieras. En el mundo aún se discute sobre las diversas opciones para llevar a cabo tal empresa: como la negociación de un nuevo sistema internacional, Plan Brady para los bancos, aplicación más estricta de las reglas prudenciales, búsqueda de transparencia en los movimientos de capital de corto plazo, ampliación de nuevos mercados, o incluso el establecimiento de un impuesto como la tasa Tobin.

También se evalúa la constitución de zona de integración regional como camino medio entre la internacionalización total y un repliegue proteccionista en el ámbito nacional. Dentro de las zonas de integración regional se observa que el comercio tiende a densificarse. La integración política puede resultar más eficaz que el establecimiento de una simple zona de libre intercambio, como lo sugiere la trayectoria europea. Los estados siempre tienen la opción de redefinir las reglas de inserción internacional.[6]

América Latina cuenta entre sus fortalezas el ser una región privilegiada por la disponibilidad de los más importantes recursos naturales, con cuantiosas reservas minerales suficientes para emprender un desarrollo autónomo: con alrededor del 25% de las tierras cultivables mundiales, un tercio de los recursos forestales mundiales, ingentes recursos hídricos para el consumo y la generación de energía hidroeléctrica. Además, dispone de más del 15% de las reservas carboníferas existentes y otros valiosísimos recursos como reservas minerales y una población joven y con tendencia creciente que ya hoy es superior a la de EE.UU. y Europa.
“Además hay que remozar los compromisos internacionales a fin de que emerjan regímenes de crecimiento que no hagan de la exportación a todo trance el resorte último de la dinámica económica y social para cada país”.
[7] La constitución de un bloque regional se presenta como alternativa.

En el actual contexto mundial es necesario pensar en el bienestar común de los países sudamericanos y con tales premisas, la mayor posibilidad de desarrollo requiere poner el mayor énfasis en la concertación, diseño y puesta en práctica de políticas de integración intra-regional, de manera de constituir un bloque sólido, compacto y coherente que confiera prioridad a la región antes que a cualquier otra y que se relacione y negocie en un bloque compacto, tanto con los organismos internacionales como con los otros bloques regionales del mundo. Solamente por esa vía podrá hacer valer sus ventajas comparativas. Persistir en el camino del aislamiento, diluirse solitariamente en acuerdos bilaterales con países fuertes, cualesquiera que éstos sean, o adscribirse sumisamente al ALCA en cualquiera de sus versiones significa desaprovechar la oportunidad que genera esta crisis de reordenamiento geopolítico planetario. El lugar marginal que ocupa puede darle mayor capacidad de maniobra. Veremos cuál es el desarrollo futuro del MERCOSUR (cuestión qué hasta nuestros días no termina de definirse pero debería dirigirse hacia una integración más profunda y generalizada en lo económico y político).

¿Es conveniente y posible una opción sudamericana? ¿Cómo estructurar este bloque para darle objetivos comunes y unidad de acción? ¿Cómo conseguir el margen operativo para aplicar políticas independientes? ¿Cómo definir y aplicar esas políticas? Desde la perspectiva, de análisis de este trabajo consideramos que no sólo es posible sino necesario que así sea. El camino se hace andando, la historia dirá si es que podremos ver finalmente la conjunción de voluntades que nos erijan como sujeto o seguiremos transitando el camino equivocado y la dependencia ominosa.

Boyer, R.: Dos desafíos para el siglo XXI: disciplinar las finanzas y organizar la internacionalización, Revista de la CEPAL N° 69, Santiago de Chile, diciembre 1999.

Corrales, J. & Feinberg, R: “Regimes of cooperation in the Western Hemisphere: Power, Interest and Intellectual Traditions”, International Studies Review, 1999.

Frenkel, R.: Reflexiones sobre el financiamiento del desarrollo, Revista de la CEPAL N° 74, Santiago de Chile, Agosto 2001.

Fuentes, Claudio: Seminario “Evaluación de política estadounidense hacia y la definición de políticas de seguridad internacional en América Latina”, et al. FLACSO-Chile y The Open Society Institute.

Hofman, A.: Long run economic development in Latin America in a comparative perspective: Proximate and ultimate causes, CEPAL, Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 8, Santiago de Chile, diciembre 2001.

Katz, J.: Cambios estructurales y productividad en la industria latinoamericana, Revista de la CEPAL N° 71, Santiago de Chile, Agosto 2000.

Morley, S: ¿Por qué ha declinado el ritmo de crecimiento económico de América Latina?, Desarrollo Económico N° 166, Buenos Aires, julio-setiembre 2002.

Ocampo, J. A.: Retomar la agenda del desarrollo, Revista de la CEPAL N° 74, Santiago de Chile, Agosto 2001.


Stiglitz, J.: Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post-Washington, Desarrollo Económico N° 151, Buenos Aires, octubre-diciembre 1998.



[1] En Rojas Aravena, Francisco (ed.), Terrorismo de alcance global: impacto y mecanismos de prevención en América Latina y el Caribe, Tokatlían, Juan Gabriel, articulo: “La inesperada (y temeraria) resurrección del TIAR” para FLACSO-Chile, Santiago, 2003.

[2] Leal Buitrago, 2003.

[3] Ocampo, J. A.: Retomar la agenda del desarrollo, Revista de la CEPAL N° 74, Santiago de Chile, Agosto de 2001.

[4] Boyer, Robert: Dos desafíos para el siglo XXI: disciplinar las finanzas y organizar la internacionalización, Revista de la CEPAL 69, Santiago de Chile, Diciembre 1999. Pág. 36.

[5] Ocampo, 2001.

[6] Boyer, 1999:40.

[7] Boyer, 1999:49.

viernes, 6 de abril de 2007

HAZ DE LUZ

"Tontos que registráis cajas y maletas, ahí no hay nada; el único contrabando oculto y peligroso lo llevo en la cabeza."

(Henirich Heine en un poema dedicado a la policía francesa)




"...Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez..."

(Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809)

“Mi alma por un voto o una pizca de poder: diario de un candidato”

Por Juan F. HONEST

Estimado lector, a las cosas por su nombre, más que un artículo sobre las futuras elecciones pretendemos acercarle una herramienta de análisis: “En caso de emergencia se recomienda romper el vidrio y leer con atención, quizá logre desarmar esa maquinaria perversa cuyo funcionamiento se sirve del sistema democrático”.

Se acercan las elecciones nacionales, estos comicios son el ejercicio de 24 años ininterrumpidos de elecciones libres que nos recuerdan que continuamos viviendo en democracia, aunque poco haya cambiado la forma de “hacer política” en la Argentina.

POLITICO EN CAMPAÑA

Recuerdo una clase de Derecho en la que un profesor diferenció magistralmente el acto de “mentir” de “decir mentiras”. La diferencia radica en que al mentir, uno lo hace conociendo la verdad y ocultando parte de lo que conoce o sabe; en cambio al “decir mentiras”, el individuo es parte del engaño, o se auto-engaña porque termina creyendo sus propios dichos. Los políticos mienten y dicen mentiras, por lo tanto no hay sujeto ni cosa menos creíble que un político en campaña.

Este año hay nuevos candidatos, muchas expectativas, pero por sobre todo más marketing político que nunca. Se han multiplicado las agencias dedicadas a este segmento particular del negocio de los medios y formadores de opinión (verdaderas agencias publicitarias que no venden ni productos ni marcas sino políticos). A modo de ejemplo, le transmitimos el que podría ser un eslogan de campaña: Compre un político, llévelo a su casa, es un producto nuevo que hará su vida más fácil, cuando ya no le sea de utilidad, tírelo o regálelo, pero por favor, no deje que se presente a una nueva candidatura”.

Ahora pienso que mi entrenador no se equivocaba cuando decía que los partidos no se ganan los domingos en la cancha, sino durante la semana en los entrenamientos. El entrenamiento de campaña siempre será igual: los pretendientes, si quieren juntar unos cuantos votos tendrán que embarrarse los zapatos por su público cautivo de las villas.

Así las zonas marginales y marginadas se transforman en verdaderos cotos de caza. El trofeo consiste en copar estratégicamente una villa impidiendo el ingreso de otros con el mismo objetivo. Su método debe ser altamente convincente debido a que la gente pobre ya no cree en promesas. Por lo tanto, el argumento de convencimiento debe ser contundente, este puede tomar la forma de lavarropas y televisores a cambio de la presencia en actos de proselitismo, partiendo en caravanas desde la estación más cercana a escuchar una y otra vez los discursos del candidato convocante y “generoso”. Los discursos estarán plagados de palabras[1] como justicia, inclusión, seguridad, bienestar y trabajo, “empapadas de emotividad”, pero si pensamos en que son los mismos excluidos los únicos que asisten a estos actos-circo, estás se transforman hasta volverse obscenas.

Además de los miles de “necesitados pseudos-seguidores” [2] y cientos de laderos, se montarán monumentales construcciones de opinión pública detrás de estos políticos de cartón.

De hecho en este preciso instante (en el que usted, estimado lector, recorre estas líneas) importantes sumas de dinero proveniente de las arcas públicas en el caso del oficialismo, y de fondos privados[3], en el caso de la oposición, están siendo destinados a frondosas encuestas de opinión[4] que se realizan a fin de recabar información sobre el sentimiento del electorado y sus preocupaciones para la posterior realización de imponentes campañas propagandísticas. De una forma u otra, las campañas serán financiadas por todos los argentinos.

Los gurúes de la imagen sostienen que hay elementos claves para salir elegidos. Uno de ellos es hacer una campaña corta ya que una persona conocida y con buena imagen no necesita más de 3 meses. Alguien desconocido debería mostrarse públicamente al menos un año antes de las elecciones. Las propagandas deben apuntar directamente a la sensibilidad de la gente, la identificación del electorado con el candidato debe encontrar la sintonía perfecta.

Miguel Silva, un especialista colombiano en marketing político, explica que la estrategia tiene tres fases: hacerse conocer, conectarse con la gente y finalmente darles argumentos a los votantes.

Un buen candidato debe poder sintetizar sus ideas en 20 segundos, porque una candidatura puede definirse por un buen comercial de televisión. Funciona también la teoría conductista del “refuerzo”, los candidatos pasan horas tratando de explicar a través de los medios sus propias declaraciones en otros medios, mientras que la realidad les pasa por al lado y se escapa por la ventana. Las naciones entonces son gobernadas por poderes indirectos como dueños de medios, grupos fuertes si los hay, en las débiles democracias contemporáneas.

Por su parte Elvira C. Aparicio, una reconocida especialista en marketing político, nos ilustra: la imagen de un candidato se construye con un discurso fluido, consistente en un mensaje único que genere empatía emocional y racional con la gente. No se necesitan muchos argumentos, sino emociones que lo acerquen al mayor número posible de electores y que generen confianza. Finalmente, está la etapa de “buscar razones”.

El vacío programático del discurso no es un problema, porque durante la campaña los votantes lo llenan de forma curiosa. “Cuando se les pregunta cuál es la propuesta de su candidato sobre un determinado tema, las personas contestan lo que ellas mismas piensan”, es decir la empatía se traduce en verlo cercano.

Mientras más se propone a los candidatos que suenen creíbles, que sus discursos no aburran, que manejen su agenda hábilmente, que caminen derechos y decididos, la ciudadanía intenta descubrir la verdadera fachada que se esconde detrás del candidato dispuesto a vender su imagen como un producto de consumo masivo.

GUIA DEL CANDIDATO 2007

Sobre cómo fabricar un candidato a presidente que suene creíble en tan sólo tres meses. Aunque usted no lo crea, no es un truco de magia, es tan sólo una buena estrategia y un público electoral dispuesto a creerla.

Como dijimos anteriormente, en la actualidad, la elección de un candidato puede ser nada más que el resultado de una buena campaña publicitaria. Por eso todos, y sin descartar a ninguno, han leído al menos una vez “El manual del candidato 2007 para la Republica Argentina[5]”.

Aquí un pequeño resumen [6]:

· No importa demasiado su propuesta pero siempre que pueda péguele al resto de los candidatos (construcción de la identidad por antonomasia).

· Tenga en cuenta que no hay campaña que se gane si no hace reiteradas apariciones en televisión.

· Sepa que todas las anteriores gestiones han hecho nada más que estragos.

· Cuando prometa no sea concreto, no se olvide que puede ser gobierno y quizá tenga que explicar.

· Procure utilizar un mensaje básico y elemental. Recuerde, su plan es tan efectivo como secreto.

· Hable seguro de lo que desconoce. No interesa lo que diga, pero hágalo contundentemente, la gente quiere escuchar cosas jugadas.

· Póngale buena cara aún al periodista más fastidioso, no se olvide que lo necesita.

· Tenga en cuenta que el electorado está concentrado en resolver sus problemas cotidianos, así que sea breve, puede estar interrumpiendo algo verdaderamente importante.

· Debe hablar de sí mismo como la única solución encarnada en persona, insista sobre esta línea de acción.

LA CALIDAD DE NUESTRA POLÍTICA:

Muchos esperan de la figura del presidente, un verdadero líder carismático, con vasta experiencia en los asuntos de gobierno, un dirigente pragmático con ideas claras y marcados valores, interesado por la justicia y la economía del país, el cual además de estas cualidades y virtudes esté dispuesto a sacrificar una buena parte de su vida por el bien común, pero lamentablemente las cosas no son así, por desgracia. Esa persona que parece un ciudadano común es “un político” y tiene una inmensa sed poder y además de carencias flagrantes. Conseguirá llegar a la máxima competencia de la dirigencia política sorteando obstáculos, como los limites de su propia conciencia.

La forma institucionalizada de “hacer política” implica la aceptación implícita de condiciones como la convivencia con sus más acérrimos enemigos con una sonrisa complaciente.

Históricamente la relación entre oposición y oficialismo estuvo representada por un juego de suma cero. Consistente en el desgaste, la disminución o invalidación del otro. En teoría de los juegos, los juegos de suma cero, son aquellas interacciones entre partes antagonistas, que implican necesariamente que ambas sean vistas como opuestas. Es en contra del otro y no con el otro. Entonces el espacio de intercambio se sustenta en la crítica destructiva. Esta postura, sin embargo no es ley ni mucho menos, de hecho podemos observar casos tan reales como actuales donde el oficialismo comparte una cuota de su gestión con la oposición, son ejemplo de ello las democracias más fuertes de globo.

Nos cansaremos de escuchar discursos tanto del oficialismo como las oposiciones, de partidos chicos o no tan chicos, de larga trayectoria o producto de nuevas alianzas, mentiras o pseudos-soluciones. Es natural oír un discurso que diga lo siguiente: “En el partido“X” buscamos el consenso, pretendemos construir una Argentina mejor, un país confiable, con igualdad, seguridad y trabajo para todos”. Sin embargo la mera expresión de deseo no lleva a cabo el fin, tal intención encuentra sus límites en el “cómo” alcanzar ese fin, debido a que la solución encierra un número muy elevado de variables.

Un discurso público, tan cierto y sincero como irreproducible, podría rezar lo siguiente: “Quiero ser el futuro presidente porque es mi meta personal para demostrarle a todos que puedo, debo un montón de favores y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por una pizca de poder”.

REFLEXIONES:

Si bien es natural que la sensación de frustración se apodere de nosotros debido al retroceso en los aspectos políticos, a la descomposición generalizada del tejido social y a la “precarización de diversos aspectos macroeconómicos, sin embargo, no debemos olvidar que el acto de votar es un derecho-obligación consagrado por la Constitución Nacional como un acto de expresión de la voluntad ciudadana y de la vida civil.

Debemos resistirnos a la idea de que todo está dicho para seleccionar de los candidatos al menos peor porque el desinterés es el abono necesario para que un grupo de ineptos y sedientos de poder ocupen, libremente, los eslabones más importantes de la dirigencia política del país.

La desconfianza en los partidos políticos y la degradación de las instituciones debido sucesivos gobiernos que han usado al Estado como agencia propia, fomentando el clientelismo político; de esta forma la corrupción ha pasado de ser una característica más del ser humano para ingresar en el sistema convirtiendo a la gestión pública, en todos los ámbitos, en una corruptela política. En manos de las nuevas generaciones resta el futuro de la Argentina.

Ya es tiempo de dejar de alimentar nuestros propios deseos-fantasías de construir un país serio a través del simple acierto en la elección de buenos dirigentes. Esa impostergable tarea reside en el pueblo, a través de la educación, el compromiso, el fortalecimiento institucional, el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, privilegiando lo “nuestro” por sobre lo “mío”, a través de la conciencia, la esperanza y el respeto. La llave reside en el compromiso activo y no en un voto.

El país que tenemos es de todos y cada uno de nosotros. Recordemos, que no debemos exigirles a los políticos aquello que no hacemos como ciudadanos.

Me despido con una frase muy interesante, que es de Osvaldo Bayer a quien respeto, que dice así, “lo que nos falta es tener el coraje civil de descreer de los ególatras y tener fe en la fuerza de las comunidades”.




[1] “Las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueran alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su mensaje, o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados”. “Palabras” de. Julio Cortázar.

[2] Votarán por el chori y el vaso de vino (y algunas cosas más, difíciles de creer como estupefacientes, pantallas de plasma, electrodomésticos, lavarropas administrados por arbitrio de los punteros políticos, junto a las promesas y más promesas nunca cumplidas como la de creación de hospitales públicos

[3] Los grupos de poder descontentos con el gobierno de turno buscan revancha en beneficio propio- a través de cámaras de industriales y empresariales, nacionales y transnacionales, pagarán literalmente un “depósito” de confianza con el futuro candidato, que de ser electo, se verá en la obligación de retribuir con creces las buenas intenciones en forma inocentes favores.

[4] Las encuestas de opinión son diseñadas y realizadas por avezados especialistas provenientes de la psicología, la antropología –que desplazó a la sociología- y de la publicidad que trabajan con el fin de obtener una visión actualizada del humor y la opinión de la gente como usted y como yo.

[5] ¡¡Adquiérala ya!! Si pretende “juntar” votos, es una edición limitada para las próximas elecciones.

[6] Leer con atención dependiendo si se es gobierno (oficialismo) o si es oposición.

jueves, 29 de marzo de 2007

No todo está perdido, reflexión de Galeano


"Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del
subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio,
no expropian las cuevas de Ali Baba. Pero, quizás, desencadenen la
alegría del hacer y la traduzcan en actos. Y, al fin y al cabo,
actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la
única manera de probar que la realidad es TRANSFORMABLE".

Galeano

sábado, 17 de marzo de 2007

De la fábrica de pobres e indigentes a la ortopedia social: el proceso de construcción de la sociedad que nos avergüenza.

Un aporte en la comprensión de un problema social que padece la nación argentina.

Por Juan Francisco Venturino

Quizá nos dan hoy vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites y a veces en el corazón de las ciudades. Le encantaba esta nueva benignidad que remplazaba los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los Códigos penales de la época moderna? Prologo de Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión por Michel Foucault.

En los tiempos de Platón, los hombres ya se preocupaban por la naturaleza de la sociedad y las relaciones del individuo con el orden social. En la actualidad esa inquietud no ha mermado, por el contrario y a pesar de haber pasado un largo tiempo, escasos pasos se han avanzado en el camino del entendimiento en lo que al orden social se refiere. Para comprender el orden social contemporáneo de estas latitudes inevitablemente debemos remitirnos a la realidad criminal argentina.

La situación actual debería prepararnos para un gran debate de la sociedad que integramos y pretendemos conformar, discutiendo sobre el problema de fondo, la pésima distribución de las responsabilidades sociales producto de una clase dirigente caracterizada por la “ineptocracia” (gobierno de los ineptos) verdaderos inútiles que no han cumplido con el contrato social del que nos hablaba Rousseau que consiste en procurar el bien común.

Durante casi medio siglo nos hemos apartado deliberadamente de las estrategias de desarrollo que en las décadas precedentes habían inducido altos flujos de movilidad estructural ascendente, revirtiéndolo. La implementación de los modelos de ajuste en la Argentina de la última década, como una de las peores medidas económicas del hemisferio, han contribuido esencialmente a producir pobreza a nivel macro (por la regresividad en los ingresos, el aumento del desempleo, etc.). Esto dio como resultado el empobrecimiento de vastos sectores sociales colocándolos bajo las líneas de pobreza y de indigencia, 22 millones la primera y más de 8 millones la segunda después del 2001, aprox. el 65% del total de la población argentina.

La clase dirigente se encargó de poner en práctica el asistencialismo y las políticas de inclusión en forma “compensatoria” de los “costos sociales ” derivados del proceso de ajuste económico estructural, cuya implementación y gestión fue descentralizada y “territorializada”, con efectos que facilitaron el empobrecimiento y desestructuración social, perpetuando el clientelismo político y debilitando la estructura económica nacional. En esta socialización de las pérdidas todos debemos pagar el costo de “enderezar” y “re-habilitar” a un crecido número de “integrantes” (porque siguen formando parte) de la sociedad. Sin trabajo ni educación, los marginados son clientes potenciales del sistema delictivo, por ser la única ocupación que no les exige lo que no pueden dar.

La desigualdad y el empobrecimiento junto a la falta de oportunidades laborales y educativas se constituyen en un verdadero “combustible” de la delincuencia.

En estos tiempos violentos, percibimos cómo el delito ha dejado de ser lo infrecuente, lo anormal, para ser habitual en nuestras vidas. Recibimos constantemente bombardeos de noticias que ponen como plato del día a los delitos complejos, los asaltos violentos a personas mayores, los secuestros extorsivos, los robos con abuso de armas, resucitando imágenes que queremos olvidar.

Si bien la seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por lo tanto, su garantía constituye una actividad esencial inherente a la existencia misma del Estado moderno, esta meta no ha sido alcanzada.

Con el tiempo y la aceptación de discursos repetibles hemos desarrollado una baja tolerancia para ciertos actos delictivos en contraste con otros actos criminales. Así, es como la “impunidad” se encarga de purgar la culpabilidad de los delitos cometidos desde las esferas del poder y la corrupción pública. Tal situación ha dejado al descubierto una “justicia penal” selectiva, que sólo alcanza a los “justiciables”[1], como mantenía Michael Foucault, una política que administra diferencialmente los “ilegalismos” y la punibilidad, generando un doble estándar entre lo correcto y la conducta desviada, lo que nos condujo hacia la peor forma de gestionar la empresa social de la desigualdad. De acuerdo a estadísticas oficiales recientes, la mayor acumulación de delitos se produce en el conurbano bonaerense, en los cinturones urbanos más carenciados. Pero este análisis no se reduce a decir que la criminalidad es comparable con la pobreza o la precariedad.

La exclusión social y la prédica individualista generó en nuestras poblaciones una “desafiliación”[2] (Castel, 1995) motivo por el cual se pervirtió el vínculo social. Viven como personas que no le han encontrado el sentido orientador de la propia existencia, supernumerarios rodeados de una cantidad de situaciones caracterizadas por la precariedad y la incertidumbre del mañana. La dimisión del Estado en sus funciones económicas y sociales ha sentado las bases para transformaciones regresivas. Regresión que se traduce en las múltiples formas de violencia cotidiana en la que la sociedad argentina está inmersa, bajo modalidades y niveles de los que no hay registro en su historia contemporánea. Pero no se trata sólo de la violencia material que se registra parcialmente en las estadísticas delictivas. Se trata de la violencia simbólica que la precede y acompaña: la destrucción del tejido social, la inexistencia de valores, la ausencia de ideales, que conducen a un gran número de individuos a pensar que todo da lo mismo, que muy poco se puede cambiar y que nada vale la pena.

Teresa Pandolfo sostiene que el cambio de expectativas para quienes sufren la marginalidad y sólo ven en el delito una vía de mejoramiento económico circunstancial o un modo de vida es una responsabilidad de conjunto: del Estado -en sus propias competencias- y de la sociedad civil, parte integrante y hasta determinante en lograr niveles de equidad y solidaridad. Cada uno de los ciudadanos debe comprender que así como se puede ser la víctima siguiente de la inseguridad, también forma parte de la resolución del problema social de fondo.

Por otra parte Durkheim y Merton nos ilustraron a través de formulaciones sociológicas de la anomia, tratando de explicar distintas formas de la conducta desviada dentro del ámbito de la sociedad global y dentro de su estructura social haciendo hincapié en el desequilibrio entre las metas culturales y las normas institucionales de una sociedad, enfocándose en el orden social. Cualquier meta cultural muy apreciada en una sociedad, es probable que afecte los medios institucionalizados. Concebían la anomia como un derrumbe de la estructura cultural que acaece, sobre todo, cuando existe una discrepancia aguda entre las normas y metas culturales y las capacidades de los miembros del grupo de obrar en concordancia con aquellas. Un equilibrio eficiente entre estas dos fases suele mantenerse mientras los individuos obtengan satisfacciones conformándose tanto con las metas culturales como con los medios institucionalizados.

Al respecto Cloward y Ohlin nos ilustraron con su estudio de la subcultura criminal y con su análisis nos advirtieron que la delincuencia juvenil toma un carácter disciplinado y económicamente redituable debido a que los modelos de rol criminal son respetados y las oportunidades que ofrecen las actividades ilícitas y el delito son lo suficientemente atractivos. En una comunidad desintegrada, disgregada, el control de los jóvenes es muy escaso e ineficaz; faltan modelos de rol genuinos y las oportunidades brillan por su ausencia, aportando una verdadera tensión conflictual que los conduce al delito.

Hemos presenciado silenciosamente la fractura del tejido social, de la mano de las más desacertadas políticas económicas y la corrupción[3] distribuyendo en forma maniquea las riquezas patrimoniales de nuestro territorio, conduciéndonos a la desconfianza en las instituciones públicas y al desprecio en las herramientas de poder ciudadano que dilapidaron sin prisa pero sin pausa, los elementos de cohesión del pueblo argentino.

En la actualidad, pobres y ricos padecen la inseguridad y el miedo, sienten la angustia cotidiana producida por la violencia y la criminalidad, pero a diferencia de los pobres, los ricos han podido proveerse aquello que el Estado ausente no ha podido: la seguridad privada[4]. Tal situación ha fecundado el crecimiento de las agencias de seguridad (conformando verdaderos ejércitos de jefes de familia desocupados) al calor de los hechos delictivos.

El crecimiento del delito vino acompañado del intrusismo en manos de “la policía de los particulares”, que sin una homologación de sus servicios y cometiendo irregularidades e infracciones y ocultándose en las sombras de verdadero contralor gubernamental ha invadido en forma directa el núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública por parte del Estado.

Estas nuevas “empresas” regenteadas en muchos casos por políticos de tercera línea o ex-policías. apartados de la fuerza por ajustes políticos o incumplimientos graves a los deberes del funcionario público, funcionan precariamente y emplean a un importante número de recursos humanos degradados. Su lucro consiste en la explotación del flagelo de la inseguridad como si se tratara de un negocio.

En números prácticos se han estimado que el número total de efectivos de las agencias privadas[5] de vigilancia y seguridad en la Argentina ronda los 100.000 personas, sin contar a aquellas que operan en las sombras, disfrazadas en algunos casos como cooperativas sin declarar la función real desempeñan o intentan desempeñar.

Mientras que el total de efectivos que revisten en todas las policías del país, el número es aproximadamente de 140.000 hombres.

Aún no hay datos oficiales ni estudios serios sobre el tema pero se considera que la seguridad privada en la Argentina recauda cerca de 900 millones de pesos por año, mientras que el presupuesto[6] de la policía de la Provincia de Buenos Aires es de 980 millones de pesos anuales.

La inseguridad modificó las costumbres y la forma de vida de los argentinos, se vive con temor, en estado de alerta y persecución, presos en sus propias casa, jaqueados por la delincuencia que obliga a usar mecanismos preventivos, dispositivos de alarma sonora, sistemas de monitoreo y control de accesos. Nadie confía en el funcionamiento del sistema coercitivo encargado de reprimir el delito en forma coactiva. El monotemático discurso de la “mano dura” con el delito se abre paso en una sociedad amenazada. La desconfianza, el escepticismo y la confusión sirven al oportunismo político que pide endurecimiento de las penas, como si la seguridad pública pudiera ser resuelta de esta manera. En contraste se hallan las organizaciones de desocupados que proponen resolver la tremenda exclusión social con una mayor y mejor distribución de la riqueza.

Ambas visiones tienen un lado en común que consiste en la exigencia de soluciones rápidas, masivas y de gran efectividad por parte del Estado, como si la problemática pudiera resolverse de un día a otro. Por su parte las respuestas gubernamentales han oscilado en apariciones públicas de primeros mandatarios recorriendo discursos racionales o con la remoción del Ministro de turno.

Esta dicotomía ha reducido a lo elemental el debate pendiente de la cuestión social del delito y la criminalidad.

Con la esperanza de arribar a una mayor comprensión del fenómeno proponemos estudiar ciertos datos estadísticos para analizar las causas y el estado de situación de esta problemática a través de estadísticas criminales: El Estado nacional destinó un presupuesto para 2005 en la justicia de 3350 millones de pesos para afrontar los gastos del sistema. El 90% de esta suma fue destinada al pago de sueldos de las 80.000 personas empleadas de las cuales sólo 4300 son jueces. Con el escaso 10% restante deben efectuarse desde la compra de insumos básicos como papel hasta el mantenimiento edilicio y las inversiones de capital, como la actualización de tecnología, pc, mobiliarios, etc.

Estos 4300 jueces deben resolver la creciente demanda de servicios de justicia, que mensurada en cantidad de causas ingresadas, trepó al inquietante número de 3,9 millones de nuevos expedientes en el año 2004. Con este caudal cada juez debería resolver 920 causas nuevas por año, a lo que debemos sumarle aquéllas no resueltas de años anteriores.

En el último decenio prácticamente se duplicaron las denuncias de delitos. En 2004 se denunciaron 1,2 millones con el consecuente impactó en la cantidad de personas mantenidas en cautiverio.

En cinco años se dobló la cantidad de detenidos en cárceles en todo el país, ascendiendo al oscuro número de 62.870 detenidos entre condenados y procesados, incluyendo comisarías dentro la provincia de Buenos Aires y en dependencias de la Prefectura y Gendarmería. Esto representa un incremento del 65% con respecto al año 2000. La tasa de detención alcanzó a 173 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que nos ubica dentro de los primeros diez países del mundo en cantidad de detenidos en relación con el número de ciudadanos.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el porcentaje de reincidencia de los detenidos se ubica entre un 6% y un 14%, es decir al menos siete mil detenidos vuelven a cometer delitos una vez recuperada la libertad.

Hasta aquí hemos hecho una simple mención de cifras que nos ayudan a comprender el colapso del sistema carcelario, que actualmente no posee la capacidad suficiente para albergar a un número tan grande de detenidos. El índice de superpoblación carcelaria alcanza al 42%. Situación que denota las condiciones de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en instalaciones inicialmente construidas para un número mucho menor de internos. Y como si no alcanzara debemos sumarle un avanzado deterioro por falta de mantenimiento en los servicios básicos dentro de los penales. El mal funcionamiento o la inexistencia de servicios sanitarios, cloacas, agua potable y atención médica hacen de los Penales un lugar inhabitable para los internos recluidos, además de sufrir de encierros prolongados, maltrato (en algunos casos derivando en la muerte de detenidos) convirtiendo la estancia en un centro de detención en una verdadera lucha por su propia supervivencia.

Al mismo tiempo se pudo constatar la convivencia de diversas categorías de presos compartiendo el espacio común entre procesados y condenados y adultos con menores de 21 años dejando al descubierto el riesgo y la inseguridad al que están sometidos.

El derecho penal no posee cualidades prácticas per se ya que las normas están mediadas por individuos portadores de relaciones sociales que ocupan cargos en las instituciones estatales, dichas instituciones como el Poder Policial, el Poder Judicial y el Poder Penitenciario que son las que ejercen (o no) el Derecho Penal. La unanimidad de los medios se dedica a hacer minuciosas y dolorosas descripciones de los hechos pero nunca abordan con el criterio que el caso requiere las causas y condiciones de la criminalidad.

Esta realidad que es repugnante con la obligación estadual[7] de dar a quienes están cumpliendo una condena, o una detención preventiva, la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto de la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y moral. El Estado está obligado a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional. La tolerancia de tales situaciones atenta contra el funcionamiento del sistema representativo, republicano y federal que rige a la Nación.

Frente a esta situación inmanejable la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo sin precedentes, hizo lugar a un amparo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales y ordenó a la Provincia de Buenos Aires que terminara con el “trato inhumano” diciendo “…Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa, de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún persiguen la reinserción social de los detenidos, pues esas situaciones indican una degradación de las obligaciones primarias del estado, lo que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó medidas provisionales en noviembre de 2004 y las reiteró en junio de 2005, debido a la grave situación constatada en los penales de la provincia de Mendoza, requiriéndole la adopción de las medidas urgentes a fin de proteger la vida e integridad física de los detenidos de manera eficaz, de modo que no se produzca una muerte más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: “una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”

La privación de la libertad en penales ha dejado de cumplir con el cometido para el fueron creadas que consiste en preparar al individuo para reinsertarse en la sociedad haciendo exactamente lo contrario. En esta misma línea el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo sostuvo en una declaración pública lo siguiente: “Hoy las prisiones son criminógenas: generan en los presos un comportamiento criminal”[8]. Un tiempo después en otra declaración donde se le preguntaba sobre la muerte de un joven, Mattarollo decía “se comprobaron situaciones de detención inhumanas, situaciones decididamente reñidas con las normas de derechos humanos internacionales ratificadas por Argentina con jerarquía constitucional […] el hecho de que estén mezclados los internos por edades es una violación del principio de clasificación que indica la obligación de separar procesados y condenados, y menores y adultos”[9] .

Las condiciones inhumanas de encarcelamiento, no cimientan la dignidad humana ni ofrecen posibilidad alguna para la rehabilitación de los internos. Las condiciones en las que sobreviven los detenidos en el sistema penitenciario nacional no los preparan para su futura reinserción en la sociedad.

Podemos reconocer a esta instancia, la ineficacia de los métodos empleados para reducción del delito. Ni más cárceles, ni mayores condenas, ni la reforma integral del código penal parecen ser suficientes para neutralizar el alto índice de criminalidad. El aparato de persecución criminal, una justicia penal que no da a vasto, un sistema colapsado por completo, una policía más deficiente hace del sistema coercitivo una deposición estatal de gran magnitud.

Sobre tales presupuestos, siempre que la criminalidad sea resultado del empobrecimiento y la marginalidad y por tanto que la actividad delictiva se convierta en la única actividad rentable para un porcentaje nada despreciable de la población, no disminuirán los índices del delito, por el contrario cada día la sociedad y los gobiernos que se da para misma prepararán nuevos candidatos para el delito.

Es importante apreciar que detrás del sentimiento genuino de indefensión se oculta el oportunismo y el clientelismo político y que la realidad supera a los padecimientos y al pensamiento mágico para demostrarnos cotidianamente que ni más cárceles ni la modificación de las leyes penales podrán per se poner fin a este flagelo.

Efraín González Luna sostiene de forma inteligente que la política social no es la explotación política de los problemas sociales, sino la acción recta y eficaz del Estado para instaurar, fortalecer y defender un verdadero orden social.

Debemos reconocer en principio que el problema encierra diversas variables complejas y ya no tolera ni análisis ni respuestas simplistas. Hemos visto que las soluciones mágicas no existen, tampoco se reduce el delito con la mera expresión de intención o voluntad, todo parece conducir al camino de respuestas interdisciplinarias.

Sólo la toma de conciencia y el estudio exhaustivo de las causas junto a la obtención del consenso fruto de la promoción de la participación ciudadana incluidos los sectores académicos, gubernamentales y de la justicia, en proyectos políticos a largo plazo que impliquen un involucramiento y compromiso de todos los actores sociales de la sociedad, pueden ser las claves para un buen comienzo.

Total de 3345 palabras.

Bibliografía:

Anuario estadístico de la Republica Argentina 2006 1ª ed. Buenos Aires, Instituto Nacional del Estadística y Censos, INDEC, 2006. 600 p.

Baratta, Alessandro: “Política criminal: entre política de seguridad y política social”, en Delito y Seguridad de los habitantes. Elias Carranza (coord). México: Siglo XXI, 1997.

Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia: “La droga en los jóvenes: un viaje de ida. Desde una política de neutralización hasta una política criminal de exclusión sin retorno, en Jóvenes: ¿en busca de una identidad perdida. Publicación del Centro de Estudios en Juventud CEJU. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile, 2001.

Castel, Robert: “Las metamorfosis de la cuestión social. Ed. Paidós, Bs.As., 1997.

Pegoraro, Juan: “Las relaciones sociedad-estado y el paradigma de la inseguridad. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, 1998.

Pegoraro, Juan: “Violencia delictiva, inseguridad urbana: la construcción social de la inseguridad ciudadana. Nueva Sociedad, 2000.

Pegoraro, Juan: “El eslabón perdido: teoría sociológica y delito organizado. Encrucijadas, 2002.

Cloward, R. & Ohlin, L: Delinquency and Opportunity. NY: Free Press, 1960.

Cloward, R. “Illegitimate Means, Anomie and Deviant Behavior” American Sociological Review, 1959.

Tagliavini, A.: “El Futuro, de la Esperanza, 2004”. Texto completo en

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/

M. Alcale Sanchez: “El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar” Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

Foucault, Michel: “Vigilar y Castigar”, Siglo XXI, México, 1976.

Foucault, Michel: “La verdad y las formas jurídicas”, Gedisa, Barcelona, 1980.

Foucault, Michel: “Genealogía del Racismo”, La Piqueta, Madrid, 1992.

Lemert, Edwin: “Estructura social, Control Social y Desviación en Anomia y Conducta Desviada”. Marshall B.Clinard, Paidos, Bs. As., 1967


[1] Dícese de aquellas personas que reciben todo el peso de la justicia penal por características personales, socio-culturales o económicas.

[2] La noción de “desafiliación” pertenece al mismo campo semántico que la disociación, la descalificación o la invalidación social, conceptualización del sociólogo francés Robert Castel.

[3] Según la Real Academia Española, corromper es alterar, trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar, pudrir; y la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse.

[4] Estas empresas no sólo no cumplen con las leyes laborales sino que terminan constituyendo verdaderos imperios de la ilegalidad, apoyándose por un lado en que el personal que incorporan a sus líneas es un recurso humano degradado y por otro en la falta total de controles de toda índole. Se constituyeron a la luz de un vacío legal, ante una situación no prevista jurídicamente. Así nacía el poder de policía en manos de los particulares, los que deberían funcionar como complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública, articulados por un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionen el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Con el argumento perfecto de la colaboración, evitaron ser cuestionados por todos los ámbitos políticos.

[5] Con diez años de existencia en Latinoamérica son conducidas por dirigentes de la política o las fuerzas seguridad del Estado, nacieron como fruto el apremio de la inseguridad pero los Estados en que parasitan no han delegado sus potestades y facultades.

[6] A modo de ejemplo el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se estima en 200 millones de pesos anuales. Por otra parte siendo un organismo fundamental en el manejo de la información sensible por parte del Estado sin embargo no cuenta con una nómina de los integrantes de la Policía Federal, de la provincia y de las Fuerzas Armadas dados de baja, en situación de disponibilidad o pasados a retiro, o exonerados por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Ello debido a los insuficientes recursos presupuestarios y tecnológicos.

[7] El art. 18 de la Constitución Nacional establece que “...las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija...”

[8] Citado en el diario “Clarín”, edición de 14 de Enero de 2005.

[9] Citado en el diario “Página 12”, edición de 23 de Junio de 2005.


jueves, 8 de marzo de 2007

DESORDEN MENTAL


Cotidianamente nos sentimos confundidos...

Por momentos creo que es mejor no tomar conciencia del mundo en que vivimos, y por otros pienso que es mejor lo que me sucede... sentir a través de una mirada más critica y aguda que otra gente que conozco.

La misma visión que me hace sentir como el país en el que vivimos todos los argentinos se corrompe y se fragmenta...