De la fábrica de pobres e indigentes a la ortopedia social: el proceso de construcción de la sociedad que nos avergüenza.

Un aporte en la comprensión de un problema social que padece la nación argentina.

Por Juan Francisco Venturino

Quizá nos dan hoy vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía orgulloso de las fortalezas que construía en los límites y a veces en el corazón de las ciudades. Le encantaba esta nueva benignidad que remplazaba los patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en adelante las almas. Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. A los que roban se los encarcela; a los que violan se los encarcela; a los que matan, también. ¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para corregir, que traen consigo los Códigos penales de la época moderna? Prologo de Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión por Michel Foucault.

En los tiempos de Platón, los hombres ya se preocupaban por la naturaleza de la sociedad y las relaciones del individuo con el orden social. En la actualidad esa inquietud no ha mermado, por el contrario y a pesar de haber pasado un largo tiempo, escasos pasos se han avanzado en el camino del entendimiento en lo que al orden social se refiere. Para comprender el orden social contemporáneo de estas latitudes inevitablemente debemos remitirnos a la realidad criminal argentina.

La situación actual debería prepararnos para un gran debate de la sociedad que integramos y pretendemos conformar, discutiendo sobre el problema de fondo, la pésima distribución de las responsabilidades sociales producto de una clase dirigente caracterizada por la “ineptocracia” (gobierno de los ineptos) verdaderos inútiles que no han cumplido con el contrato social del que nos hablaba Rousseau que consiste en procurar el bien común.

Durante casi medio siglo nos hemos apartado deliberadamente de las estrategias de desarrollo que en las décadas precedentes habían inducido altos flujos de movilidad estructural ascendente, revirtiéndolo. La implementación de los modelos de ajuste en la Argentina de la última década, como una de las peores medidas económicas del hemisferio, han contribuido esencialmente a producir pobreza a nivel macro (por la regresividad en los ingresos, el aumento del desempleo, etc.). Esto dio como resultado el empobrecimiento de vastos sectores sociales colocándolos bajo las líneas de pobreza y de indigencia, 22 millones la primera y más de 8 millones la segunda después del 2001, aprox. el 65% del total de la población argentina.

La clase dirigente se encargó de poner en práctica el asistencialismo y las políticas de inclusión en forma “compensatoria” de los “costos sociales ” derivados del proceso de ajuste económico estructural, cuya implementación y gestión fue descentralizada y “territorializada”, con efectos que facilitaron el empobrecimiento y desestructuración social, perpetuando el clientelismo político y debilitando la estructura económica nacional. En esta socialización de las pérdidas todos debemos pagar el costo de “enderezar” y “re-habilitar” a un crecido número de “integrantes” (porque siguen formando parte) de la sociedad. Sin trabajo ni educación, los marginados son clientes potenciales del sistema delictivo, por ser la única ocupación que no les exige lo que no pueden dar.

La desigualdad y el empobrecimiento junto a la falta de oportunidades laborales y educativas se constituyen en un verdadero “combustible” de la delincuencia.

En estos tiempos violentos, percibimos cómo el delito ha dejado de ser lo infrecuente, lo anormal, para ser habitual en nuestras vidas. Recibimos constantemente bombardeos de noticias que ponen como plato del día a los delitos complejos, los asaltos violentos a personas mayores, los secuestros extorsivos, los robos con abuso de armas, resucitando imágenes que queremos olvidar.

Si bien la seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por lo tanto, su garantía constituye una actividad esencial inherente a la existencia misma del Estado moderno, esta meta no ha sido alcanzada.

Con el tiempo y la aceptación de discursos repetibles hemos desarrollado una baja tolerancia para ciertos actos delictivos en contraste con otros actos criminales. Así, es como la “impunidad” se encarga de purgar la culpabilidad de los delitos cometidos desde las esferas del poder y la corrupción pública. Tal situación ha dejado al descubierto una “justicia penal” selectiva, que sólo alcanza a los “justiciables”[1], como mantenía Michael Foucault, una política que administra diferencialmente los “ilegalismos” y la punibilidad, generando un doble estándar entre lo correcto y la conducta desviada, lo que nos condujo hacia la peor forma de gestionar la empresa social de la desigualdad. De acuerdo a estadísticas oficiales recientes, la mayor acumulación de delitos se produce en el conurbano bonaerense, en los cinturones urbanos más carenciados. Pero este análisis no se reduce a decir que la criminalidad es comparable con la pobreza o la precariedad.

La exclusión social y la prédica individualista generó en nuestras poblaciones una “desafiliación”[2] (Castel, 1995) motivo por el cual se pervirtió el vínculo social. Viven como personas que no le han encontrado el sentido orientador de la propia existencia, supernumerarios rodeados de una cantidad de situaciones caracterizadas por la precariedad y la incertidumbre del mañana. La dimisión del Estado en sus funciones económicas y sociales ha sentado las bases para transformaciones regresivas. Regresión que se traduce en las múltiples formas de violencia cotidiana en la que la sociedad argentina está inmersa, bajo modalidades y niveles de los que no hay registro en su historia contemporánea. Pero no se trata sólo de la violencia material que se registra parcialmente en las estadísticas delictivas. Se trata de la violencia simbólica que la precede y acompaña: la destrucción del tejido social, la inexistencia de valores, la ausencia de ideales, que conducen a un gran número de individuos a pensar que todo da lo mismo, que muy poco se puede cambiar y que nada vale la pena.

Teresa Pandolfo sostiene que el cambio de expectativas para quienes sufren la marginalidad y sólo ven en el delito una vía de mejoramiento económico circunstancial o un modo de vida es una responsabilidad de conjunto: del Estado -en sus propias competencias- y de la sociedad civil, parte integrante y hasta determinante en lograr niveles de equidad y solidaridad. Cada uno de los ciudadanos debe comprender que así como se puede ser la víctima siguiente de la inseguridad, también forma parte de la resolución del problema social de fondo.

Por otra parte Durkheim y Merton nos ilustraron a través de formulaciones sociológicas de la anomia, tratando de explicar distintas formas de la conducta desviada dentro del ámbito de la sociedad global y dentro de su estructura social haciendo hincapié en el desequilibrio entre las metas culturales y las normas institucionales de una sociedad, enfocándose en el orden social. Cualquier meta cultural muy apreciada en una sociedad, es probable que afecte los medios institucionalizados. Concebían la anomia como un derrumbe de la estructura cultural que acaece, sobre todo, cuando existe una discrepancia aguda entre las normas y metas culturales y las capacidades de los miembros del grupo de obrar en concordancia con aquellas. Un equilibrio eficiente entre estas dos fases suele mantenerse mientras los individuos obtengan satisfacciones conformándose tanto con las metas culturales como con los medios institucionalizados.

Al respecto Cloward y Ohlin nos ilustraron con su estudio de la subcultura criminal y con su análisis nos advirtieron que la delincuencia juvenil toma un carácter disciplinado y económicamente redituable debido a que los modelos de rol criminal son respetados y las oportunidades que ofrecen las actividades ilícitas y el delito son lo suficientemente atractivos. En una comunidad desintegrada, disgregada, el control de los jóvenes es muy escaso e ineficaz; faltan modelos de rol genuinos y las oportunidades brillan por su ausencia, aportando una verdadera tensión conflictual que los conduce al delito.

Hemos presenciado silenciosamente la fractura del tejido social, de la mano de las más desacertadas políticas económicas y la corrupción[3] distribuyendo en forma maniquea las riquezas patrimoniales de nuestro territorio, conduciéndonos a la desconfianza en las instituciones públicas y al desprecio en las herramientas de poder ciudadano que dilapidaron sin prisa pero sin pausa, los elementos de cohesión del pueblo argentino.

En la actualidad, pobres y ricos padecen la inseguridad y el miedo, sienten la angustia cotidiana producida por la violencia y la criminalidad, pero a diferencia de los pobres, los ricos han podido proveerse aquello que el Estado ausente no ha podido: la seguridad privada[4]. Tal situación ha fecundado el crecimiento de las agencias de seguridad (conformando verdaderos ejércitos de jefes de familia desocupados) al calor de los hechos delictivos.

El crecimiento del delito vino acompañado del intrusismo en manos de “la policía de los particulares”, que sin una homologación de sus servicios y cometiendo irregularidades e infracciones y ocultándose en las sombras de verdadero contralor gubernamental ha invadido en forma directa el núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública por parte del Estado.

Estas nuevas “empresas” regenteadas en muchos casos por políticos de tercera línea o ex-policías. apartados de la fuerza por ajustes políticos o incumplimientos graves a los deberes del funcionario público, funcionan precariamente y emplean a un importante número de recursos humanos degradados. Su lucro consiste en la explotación del flagelo de la inseguridad como si se tratara de un negocio.

En números prácticos se han estimado que el número total de efectivos de las agencias privadas[5] de vigilancia y seguridad en la Argentina ronda los 100.000 personas, sin contar a aquellas que operan en las sombras, disfrazadas en algunos casos como cooperativas sin declarar la función real desempeñan o intentan desempeñar.

Mientras que el total de efectivos que revisten en todas las policías del país, el número es aproximadamente de 140.000 hombres.

Aún no hay datos oficiales ni estudios serios sobre el tema pero se considera que la seguridad privada en la Argentina recauda cerca de 900 millones de pesos por año, mientras que el presupuesto[6] de la policía de la Provincia de Buenos Aires es de 980 millones de pesos anuales.

La inseguridad modificó las costumbres y la forma de vida de los argentinos, se vive con temor, en estado de alerta y persecución, presos en sus propias casa, jaqueados por la delincuencia que obliga a usar mecanismos preventivos, dispositivos de alarma sonora, sistemas de monitoreo y control de accesos. Nadie confía en el funcionamiento del sistema coercitivo encargado de reprimir el delito en forma coactiva. El monotemático discurso de la “mano dura” con el delito se abre paso en una sociedad amenazada. La desconfianza, el escepticismo y la confusión sirven al oportunismo político que pide endurecimiento de las penas, como si la seguridad pública pudiera ser resuelta de esta manera. En contraste se hallan las organizaciones de desocupados que proponen resolver la tremenda exclusión social con una mayor y mejor distribución de la riqueza.

Ambas visiones tienen un lado en común que consiste en la exigencia de soluciones rápidas, masivas y de gran efectividad por parte del Estado, como si la problemática pudiera resolverse de un día a otro. Por su parte las respuestas gubernamentales han oscilado en apariciones públicas de primeros mandatarios recorriendo discursos racionales o con la remoción del Ministro de turno.

Esta dicotomía ha reducido a lo elemental el debate pendiente de la cuestión social del delito y la criminalidad.

Con la esperanza de arribar a una mayor comprensión del fenómeno proponemos estudiar ciertos datos estadísticos para analizar las causas y el estado de situación de esta problemática a través de estadísticas criminales: El Estado nacional destinó un presupuesto para 2005 en la justicia de 3350 millones de pesos para afrontar los gastos del sistema. El 90% de esta suma fue destinada al pago de sueldos de las 80.000 personas empleadas de las cuales sólo 4300 son jueces. Con el escaso 10% restante deben efectuarse desde la compra de insumos básicos como papel hasta el mantenimiento edilicio y las inversiones de capital, como la actualización de tecnología, pc, mobiliarios, etc.

Estos 4300 jueces deben resolver la creciente demanda de servicios de justicia, que mensurada en cantidad de causas ingresadas, trepó al inquietante número de 3,9 millones de nuevos expedientes en el año 2004. Con este caudal cada juez debería resolver 920 causas nuevas por año, a lo que debemos sumarle aquéllas no resueltas de años anteriores.

En el último decenio prácticamente se duplicaron las denuncias de delitos. En 2004 se denunciaron 1,2 millones con el consecuente impactó en la cantidad de personas mantenidas en cautiverio.

En cinco años se dobló la cantidad de detenidos en cárceles en todo el país, ascendiendo al oscuro número de 62.870 detenidos entre condenados y procesados, incluyendo comisarías dentro la provincia de Buenos Aires y en dependencias de la Prefectura y Gendarmería. Esto representa un incremento del 65% con respecto al año 2000. La tasa de detención alcanzó a 173 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que nos ubica dentro de los primeros diez países del mundo en cantidad de detenidos en relación con el número de ciudadanos.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el porcentaje de reincidencia de los detenidos se ubica entre un 6% y un 14%, es decir al menos siete mil detenidos vuelven a cometer delitos una vez recuperada la libertad.

Hasta aquí hemos hecho una simple mención de cifras que nos ayudan a comprender el colapso del sistema carcelario, que actualmente no posee la capacidad suficiente para albergar a un número tan grande de detenidos. El índice de superpoblación carcelaria alcanza al 42%. Situación que denota las condiciones de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en instalaciones inicialmente construidas para un número mucho menor de internos. Y como si no alcanzara debemos sumarle un avanzado deterioro por falta de mantenimiento en los servicios básicos dentro de los penales. El mal funcionamiento o la inexistencia de servicios sanitarios, cloacas, agua potable y atención médica hacen de los Penales un lugar inhabitable para los internos recluidos, además de sufrir de encierros prolongados, maltrato (en algunos casos derivando en la muerte de detenidos) convirtiendo la estancia en un centro de detención en una verdadera lucha por su propia supervivencia.

Al mismo tiempo se pudo constatar la convivencia de diversas categorías de presos compartiendo el espacio común entre procesados y condenados y adultos con menores de 21 años dejando al descubierto el riesgo y la inseguridad al que están sometidos.

El derecho penal no posee cualidades prácticas per se ya que las normas están mediadas por individuos portadores de relaciones sociales que ocupan cargos en las instituciones estatales, dichas instituciones como el Poder Policial, el Poder Judicial y el Poder Penitenciario que son las que ejercen (o no) el Derecho Penal. La unanimidad de los medios se dedica a hacer minuciosas y dolorosas descripciones de los hechos pero nunca abordan con el criterio que el caso requiere las causas y condiciones de la criminalidad.

Esta realidad que es repugnante con la obligación estadual[7] de dar a quienes están cumpliendo una condena, o una detención preventiva, la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto de la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y moral. El Estado está obligado a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional. La tolerancia de tales situaciones atenta contra el funcionamiento del sistema representativo, republicano y federal que rige a la Nación.

Frente a esta situación inmanejable la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo sin precedentes, hizo lugar a un amparo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales y ordenó a la Provincia de Buenos Aires que terminara con el “trato inhumano” diciendo “…Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa, de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún persiguen la reinserción social de los detenidos, pues esas situaciones indican una degradación de las obligaciones primarias del estado, lo que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó medidas provisionales en noviembre de 2004 y las reiteró en junio de 2005, debido a la grave situación constatada en los penales de la provincia de Mendoza, requiriéndole la adopción de las medidas urgentes a fin de proteger la vida e integridad física de los detenidos de manera eficaz, de modo que no se produzca una muerte más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: “una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”

La privación de la libertad en penales ha dejado de cumplir con el cometido para el fueron creadas que consiste en preparar al individuo para reinsertarse en la sociedad haciendo exactamente lo contrario. En esta misma línea el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo sostuvo en una declaración pública lo siguiente: “Hoy las prisiones son criminógenas: generan en los presos un comportamiento criminal”[8]. Un tiempo después en otra declaración donde se le preguntaba sobre la muerte de un joven, Mattarollo decía “se comprobaron situaciones de detención inhumanas, situaciones decididamente reñidas con las normas de derechos humanos internacionales ratificadas por Argentina con jerarquía constitucional […] el hecho de que estén mezclados los internos por edades es una violación del principio de clasificación que indica la obligación de separar procesados y condenados, y menores y adultos”[9] .

Las condiciones inhumanas de encarcelamiento, no cimientan la dignidad humana ni ofrecen posibilidad alguna para la rehabilitación de los internos. Las condiciones en las que sobreviven los detenidos en el sistema penitenciario nacional no los preparan para su futura reinserción en la sociedad.

Podemos reconocer a esta instancia, la ineficacia de los métodos empleados para reducción del delito. Ni más cárceles, ni mayores condenas, ni la reforma integral del código penal parecen ser suficientes para neutralizar el alto índice de criminalidad. El aparato de persecución criminal, una justicia penal que no da a vasto, un sistema colapsado por completo, una policía más deficiente hace del sistema coercitivo una deposición estatal de gran magnitud.

Sobre tales presupuestos, siempre que la criminalidad sea resultado del empobrecimiento y la marginalidad y por tanto que la actividad delictiva se convierta en la única actividad rentable para un porcentaje nada despreciable de la población, no disminuirán los índices del delito, por el contrario cada día la sociedad y los gobiernos que se da para misma prepararán nuevos candidatos para el delito.

Es importante apreciar que detrás del sentimiento genuino de indefensión se oculta el oportunismo y el clientelismo político y que la realidad supera a los padecimientos y al pensamiento mágico para demostrarnos cotidianamente que ni más cárceles ni la modificación de las leyes penales podrán per se poner fin a este flagelo.

Efraín González Luna sostiene de forma inteligente que la política social no es la explotación política de los problemas sociales, sino la acción recta y eficaz del Estado para instaurar, fortalecer y defender un verdadero orden social.

Debemos reconocer en principio que el problema encierra diversas variables complejas y ya no tolera ni análisis ni respuestas simplistas. Hemos visto que las soluciones mágicas no existen, tampoco se reduce el delito con la mera expresión de intención o voluntad, todo parece conducir al camino de respuestas interdisciplinarias.

Sólo la toma de conciencia y el estudio exhaustivo de las causas junto a la obtención del consenso fruto de la promoción de la participación ciudadana incluidos los sectores académicos, gubernamentales y de la justicia, en proyectos políticos a largo plazo que impliquen un involucramiento y compromiso de todos los actores sociales de la sociedad, pueden ser las claves para un buen comienzo.

Total de 3345 palabras.

Bibliografía:

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Baratta, Alessandro: “Política criminal: entre política de seguridad y política social”, en Delito y Seguridad de los habitantes. Elias Carranza (coord). México: Siglo XXI, 1997.

Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia: “La droga en los jóvenes: un viaje de ida. Desde una política de neutralización hasta una política criminal de exclusión sin retorno, en Jóvenes: ¿en busca de una identidad perdida. Publicación del Centro de Estudios en Juventud CEJU. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile, 2001.

Castel, Robert: “Las metamorfosis de la cuestión social. Ed. Paidós, Bs.As., 1997.

Pegoraro, Juan: “Las relaciones sociedad-estado y el paradigma de la inseguridad. Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, 1998.

Pegoraro, Juan: “Violencia delictiva, inseguridad urbana: la construcción social de la inseguridad ciudadana. Nueva Sociedad, 2000.

Pegoraro, Juan: “El eslabón perdido: teoría sociológica y delito organizado. Encrucijadas, 2002.

Cloward, R. & Ohlin, L: Delinquency and Opportunity. NY: Free Press, 1960.

Cloward, R. “Illegitimate Means, Anomie and Deviant Behavior” American Sociological Review, 1959.

Tagliavini, A.: “El Futuro, de la Esperanza, 2004”. Texto completo en

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/

M. Alcale Sanchez: “El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar” Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

Foucault, Michel: “Vigilar y Castigar”, Siglo XXI, México, 1976.

Foucault, Michel: “La verdad y las formas jurídicas”, Gedisa, Barcelona, 1980.

Foucault, Michel: “Genealogía del Racismo”, La Piqueta, Madrid, 1992.

Lemert, Edwin: “Estructura social, Control Social y Desviación en Anomia y Conducta Desviada”. Marshall B.Clinard, Paidos, Bs. As., 1967

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[1] Dícese de aquellas personas que reciben todo el peso de la justicia penal por características personales, socio-culturales o económicas.

[2] La noción de “desafiliación” pertenece al mismo campo semántico que la disociación, la descalificación o la invalidación social, conceptualización del sociólogo francés Robert Castel.

[3] Según la Real Academia Española, corromper es alterar, trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar, pudrir; y la corrupción es la acción y efecto de corromper o corromperse.

[4] Estas empresas no sólo no cumplen con las leyes laborales sino que terminan constituyendo verdaderos imperios de la ilegalidad, apoyándose por un lado en que el personal que incorporan a sus líneas es un recurso humano degradado y por otro en la falta total de controles de toda índole. Se constituyeron a la luz de un vacío legal, ante una situación no prevista jurídicamente. Así nacía el poder de policía en manos de los particulares, los que deberían funcionar como complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública, articulados por un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionen el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Con el argumento perfecto de la colaboración, evitaron ser cuestionados por todos los ámbitos políticos.

[5] Con diez años de existencia en Latinoamérica son conducidas por dirigentes de la política o las fuerzas seguridad del Estado, nacieron como fruto el apremio de la inseguridad pero los Estados en que parasitan no han delegado sus potestades y facultades.

[6] A modo de ejemplo el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se estima en 200 millones de pesos anuales. Por otra parte siendo un organismo fundamental en el manejo de la información sensible por parte del Estado sin embargo no cuenta con una nómina de los integrantes de la Policía Federal, de la provincia y de las Fuerzas Armadas dados de baja, en situación de disponibilidad o pasados a retiro, o exonerados por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Ello debido a los insuficientes recursos presupuestarios y tecnológicos.

[7] El art. 18 de la Constitución Nacional establece que “...las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija...”

[8] Citado en el diario “Clarín”, edición de 14 de Enero de 2005.

[9] Citado en el diario “Página 12”, edición de 23 de Junio de 2005.

DESORDEN MENTAL

Cotidianamente nos sentimos confundidos...

Por momentos creo que es mejor no tomar conciencia del mundo en que vivimos, y por otros pienso que es mejor lo que me sucede... sentir a través de una mirada más critica y aguda que otra gente que conozco.

La misma visión que me hace sentir como el país en el que vivimos todos los argentinos se corrompe y se fragmenta...

Otra mirada sobre los acontecimientos franceses

Escrito el 10 de Noviembre de 2005 por Juan Francisco Venturino.

Version corregida y aumentada por Enrique Martinez Codó.

Primero España, luego Inglaterra y ahora Francia fueron noticia y foco de atención en el mundo entero, ocupando la primera plana de los diarios y poniendo en jaque los viejos conceptos de defensa y seguridad en la Unión Europea. Para los especialistas éste no es un tema menor. Darle término a la cuestión francesa implica altos costes y una actitud política de fuerte autoridad y compromiso.

Tanto en Francia como en el resto de los Estados del viejo continente se impone un concepto más complejo de la seguridad. El nuevo concepto de seguridad nace con la desaparición de la figura de un Estado extranjero como enemigo externo y con el surgimiento de nuevos actores que ocupan el lugar vacante como amenazas a la paz.

El tráfico ilegal de armas, el control de las fronteras, el combate contra el terrorismo y la prevención de conflictos internos[1] ocupan las primeras líneas en la agenda internacional de la seguridad. Una vez desaparecidos los límites entre la esfera doméstica y la externa de la seguridad y con el advenimiento de nuevos actores, el sistema actual se ha tornado mucho más inestable.

El buen desempeño europeo en lo referente al proceso de integración contrasta con la Europa profunda. Cuestiones de política interna y la elaboración de políticas comunes en áreas sensibles como la política exterior aún permanecen como asignaturas pendientes. Luego de años de negociación y compromiso político, la Unión logró gestar una moneda tan propia como gravosa, ya que en reiteradas ocasiones los altos mandatarios han tenido que recurrir a la prestidigitación para mantener la economía de los Estados que presiden, acorde a los objetivos comunitarios.

La Unión se ha caracterizado por hacer un uso extensivo de métodos pacíficos y con un fuerte contenido económico y social sobre los ejes del diálogo político, el acuerdo económico, la condicionalidad democrática, la cooperación técnica y la ayuda humanitaria persiguiendo resultados a largo plazo poniendo el mayor énfasis en los cambios estructurales. Sin embargo en la actualidad conviven dos europas o una Europa de dos tiempos en términos políticos, económicos y sociales. Este equilibrio lábil de las distintas tensiones, deja al descubierto la débil estructura sobre la que se sustenta el futuro de la Unión. Deberá redireccionarse para sostener su objetivo de erigirse como potencia civil, potencia normativa o como la han bautizado algunos analistas, potencia posmoderna o potencia benévola manteniendo una postura ética frente a la globalización.

A través de un enfoque crítico de los acontecimientos que ha vivido Francia es necesario desestimar toda visión obtusa de la realidad y apelar a una visión totalizadora.

Las amenazas a la seguridad han mutado, se han transformado, el lugar que antiguamente dominaron los intereses geopolíticos de las dos superpotencias en un mundo claramente bipolar cedió espacio al conflicto interno en forma de exclusión, desigualdad, discriminación, diferencias raciales y sociopolíticas, desdibujando los límites entre lo internacional y lo doméstico. En este caso la exclusión desató la furia, fue el detonante para que colegios, hospitales y vehículos ardieran dejando la huella de la ira por los barrios franceses. El inicio de una crisis social amenaza con perdurar en el tiempo. Quedó atrás la supuesta equidad de una sociedad en la que aparentemente convivían con normalidad en el sistema, los incluidos junto a los excluidos, denunciando el fracaso de un modelo político. Esta cuestión incrementó tensiones extendiendo las diferencias dentro del ámbito de la alta dirigencia política francesa.

La cuestión francesa desnudó una realidad poco visible o escasamente observada por el grupo mayoritario de los policy-makers (decisores políticos). Las medidas de seguridad en el futuro inmediato deberán hacer una revisión profunda de los lazos sociales y sectores excluidos, incorporando en la agenda cuestiones de política social, debido a que es imposible pretender en la esfera doméstica la convivencia en un orden con un porcentaje importante de la sociedad fuera del sistema. Los acontecimientos franceses, que pueden ser leídos como más destructivos y espectaculares que virulentos, alarman al resto de los países europeos, que deberán plantearse el asumir un rol activo ya que los costes de la indiferencia podrían ser más gravosos que pensarse potencialmente involucrados en esta misma problemática.

La historia ha demostrado que grandes cambios socio-políticos han sido precedidos por manifestaciones espontáneas o poco organizadas, con episodios de destrucción generalizada como respuesta a decisiones políticas arbitrarias o hechos circunstanciales que fueron considerados como aberrantes por un sector de la población[2].

En una reacción asumida en forma de repudio, este tipo de actos puede ser entendido como expresión primitiva de un sentimiento: exteriorizar la irritación generada por el sistema, que denota indiferencia política y social, y connota discriminación y aislamiento. Los jóvenes descendientes de inmigrantes provenientes de barrios pobres eligieron el fuego, el elemento que la humanidad dominó en tiempos pretéritos para pasar de lo crudo a lo cocido. Que responde a uno de los aprendizajes más primigenios del ser humano, demostrando que para la destrucción y la desestabilización no es necesario el empleo de formas complejas ni demasiado organizadas. Con el fuego, que paradójicamente sirvió a través de miles de años para que el hombre viviera mejor, y bajo la forma arcaica de revuelta, de agitación social, pueblos y ciudades se han transformado en verdaderos campos de batalla. Estas manifestaciones funcionan como un síntoma inequívoco de la exasperación de los excluidos ante la injusticia.

La respuesta violenta es hacia las expectativas sistemáticamente truncadas, hacia el doble discurso, ya que queda claro para la sociología que los eternos postergados, los que no esperan nada, difícilmente se violenten. En un análisis semiótico podemos perfectamente connotar a las llamas con la “furia” que sintomáticamente quemó mayoritariamente autos que significan “movilidad”, en un sistema en el que la fuerza imperante es la centrífuga, que expulsa. Decididamente estas manifestaciones de la violencia no se relacionan con la pobreza o la indigencia sino con la desigualdad y el empobrecimiento, la ausencia de oportunidades laborales y educativas que constituyen el “combustible” de la violencia urbana.

Por otra parte las formas de protesta social se “in-corporan”, es decir se materializan en un aprendizaje social a través de una internalización del modelo, delineando una forma de conducta colectiva que garantiza su repetición.

Cada día adquiere más sentido la incorporación de cuestiones sociológicas al análisis político, con el fin de alcanzar una visión totalizadora del fenómeno que hoy padece el pueblo francés y que puede ser un icono de lo que podría suceder en un futuro próximo en la Unión toda. El automatismo cultural de interpretar a estos grupos como subversivos, no funciona, como tampoco, el confundirlos con inadaptados sociales porque los jóvenes que tuvieron en jaque a un país provienen de diversas culturas y orígenes: asiáticos, africanos, musulmanes de distintos países, además de inmigrantes provenientes de Estados ex-comunistas que hoy forman parte de la Unión.

Una revisión por la historia nos ayudará a alcanzar un entendimiento más acabado sobre la problemática inmigratoria, indagando sobre sus orígenes y evolución, los motivos y causas. La inmigración se registró en la mayoría de los países que antiguamente habían constituido imperios o sistemas coloniales. Las colonias habían acompañado los altibajos de sus respectivas Metrópolis que las hicieron partícipes en el Siglo XX de ambas Guerras Mundiales, acelerando el proceso de descolonización. En la Primera Guerra Mundial, cuando los países colonialistas debieron gratificar y reconocer los valores y sacrificios de las tropas coloniales que combatieron y murieron defendiendo a sus Metrópolis, se inicia la concesión de ciudadanía a los que se destacaban defendiendo las banderas metropolitanas. Así cada Legión de Honor, Medalla Militar, Cruz Victoria, Cruz de Guerra, o de Servicios Distinguidos que fueron concedidos, generaban derechos a la percepción de una pensión de guerra a los ex-combatientes, alentándolos a la permanencia definitiva en la Metrópolis. Con el British Commonwealth of Nations y la conformación de la Unión Francesa, los residentes de las colonias podían adquirir legalmente el carácter de ciudadanos. Así las Universidades británicas, francesas, holandesas, belgas, etc., se poblaron de estudiantes provenientes de las antiguas colonias que constituían la élite de las sociedades de origen.

La segunda Guerra Mundial dio lugar a que miles de ciudadanos de Ultramar (aún considerados colonos) integraran las fuerzas armadas aliadas que terminaron derrotando a las potencias germanas e italianas. Así, los “goum” (o batallones) argelinos y marroquíes fueron movilizados y combatieron en las campañas de África del Norte, Italia y Francia desde 1942. Sin ir más lejos la 2da. División Blindada francesa del general Leclerc, que liberó a París en 1944, estaba integrada entre otras unidades por el Regimiento de Marcha del Tchad; el 3er. Regimiento de Artillería Colonial; el 40to. Regimiento de Artillería Norafricano; el 22do. Grupo Antiaéreo Colonial; el 1er. Regimiento de Spahís (caballería) marroquí; el Regimiento 12 de Cazadores de África, etc., lo que demuestra con claridad la importancia que tuvieron las fuerzas coloniales francesas en la liberación de París[3].

Con esos antecedentes gloriosos, en 1946 -después de la guerra- se dictó en Francia una nueva Constitución que le reconoció los derechos a los ciudadanos franceses de Ultramar, y el 28 de septiembre de 1958 todos los países fueron invitados a integrarse en la llamada Comunidad Francesa, previo referéndum local de aceptación o rechazo, pudiendo elegir por la independencia. Eso dio lugar a que la gran mayoría de los pueblos africanos fueran considerados franceses con plenos derechos para ingresar libremente en Francia. Un derecho que como es de suponer tuvo restricciones, ya que no se les aseguraba la igualdad de oportunidades, y los empleos que podían obtener no estaban a la altura de sus aspiraciones. El desarraigo, las costumbres, los regímenes sociales (por ejemplo la poligamia y el repudio a la mujer), las vestimentas (el Chador obligatorio para las mujeres) y otras cuestiones, un tanto triviales si se quiere, chocaron -y mucho- con las costumbres y usos europeos.

De esta manera, las oleadas de franceses de Ultramar, al llevar y practicar sus costumbres ancestrales y sociales en un país europeo tradicional sólo encontraron rechazo que se tradujo en trabajo de bajo nivel, viviendo en verdaderos ghettos urbanos o suburbanos. En los ghettos suburbanos de la actualidad es usual la cocina del “mechoui” (cordero) al estilo tribal, y comer con la mano el “couscous” (especie de sémola de grano grueso con carne y legumbres, fuertemente condimentado), así como vivir en poligamia islámica. La cuestión difícil solución es que los descendientes de aquella primera ola de “franceses de Ultramar” no hayan podido ser integrados por la sociedad francesa que aparece (a diferencia de la inglesa, holandesa o belga) como pluralista y con vocación pluricultural. De esta forma en la Francia real conviven juntos pero separados, franceses de un origen y de otro, situación que contradice la evolución de una sociedad que incluye e incorpora.

Se sobrepone la pregunta sobre cuál es la interpretación que hace el pueblo francés de los acontecimientos, debido a que el gobierno y el pueblo son movilizados por intereses diferentes. Si bien la salida a este espiral de violencia es políticamente viable, el fondo de la cuestión forma parte de una problemática de profunda raigambre cultural. La sociedad francesa no por comisión, sino por omisión ha dejado fuera de sus proyectos y circuitos legales de trabajo a los jóvenes descendientes de inmigrantes. De tal forma que estos jóvenes no pueden insertarse socialmente en un Estado que políticamente los niega y una sociedad francesa y europea que no los reconoce.

La revisión del esquema de seguridad se torna tan imprescindible como la implementación de políticas de inclusión. En este caso la decisión política de no reprimir a estos grupos, seguramente fue una decisión correcta[4]. Creemos que lo ocurrido en Francia es sólo la punta visible del gran iceberg de la cuestión migratoria a escala global.

Francia se debate entre las medidas a tomar, en primer plano las medidas de fuerza y control o diagramar una política de inclusión a largo plazo, o poner ambas en el mismo plano. En este momento los políticos franceses y otros poderosos Estados de la Unión discuten hacia dónde dirigirán sus fondos. Manteniendo un estándar de vida y verdadero estado de bienestar en Estados con baja natalidad y con una población económicamente activa en franco descenso, con fronteras laxas[5], y una comunidad extendida que incorporó países con economías débiles, o en recesión profunda y con intensos movimientos migratorios dentro de la Unión.

Los hechos ocurridos en Francia hacen notorio el conflicto entre la realidad y los principios ideológicos que caracterizan a los Estados europeos, como lo son la democracia, el buen gobierno, los derechos humanos, la solución pacífica de conflictos, el libre mercado, la cooperación e integración regional. Un orden más estable y duradero en lo social y político haría innecesario extremar las medidas de control. La búsqueda de soluciones para esta problemática tiene barreras que superar: primero, hallar un acuerdo en la definición del problema; segundo, lograr un acuerdo sobre el tipo de actuación que desean llevar a cabo frente al problema y, finalmente, si existe un acuerdo, atreverse a aplicar tal política.

De esta forma mientras la potencia del norte dedica colosales presupuestos al área de defensa para el desarrollo de “armas inteligentes” y multitudinarios ejércitos, la Unión pone todos sus esfuerzos materializándolos en tratados, constituciones o leyes orientados a la conformación de sociedades cuyos comportamientos sostengan los valores de la Unión, entre los que se encuentran los derechos de las minorías. Puede ser probable que la integración de los inmigrantes se lleve a cabo en el mediano plazo en un proceso que debería haber comenzado hace años y que debió ser considerado como prioritario mucho tiempo antes de tener que lamentarse por los acontecimientos que conmovieron durante días a Francia, a la Unión y al mundo entero.

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[1] El control es el elemento fundamental para evitar que se produzca un efecto derrame (spill-over) más allá de las fronteras del Estado que lo padece.

[2] Podemos recordar a mediados del siglo pasado el estallido de ghetos estadounidenses, hecho que fue fundacional en la lucha por los derechos de los negros, bajo el liderazgo de Martin Luther King..

[3] Lo mismo sucedió con la 1ra. División de Franceses Libres, que integraba en su gran mayoría a combatientes de las colonias francesas de África, Medio Oriente, Oceanía e incluso de las Antillas Francesa. Todos ellos combatieron y fueron reconocidos y “medallados” por Francia.

[4] Pensamos una represión mas acentuada por parte del Estado hubiera contribuido a generalizar el fenómeno de la violencia.

[5] La inmigración externa funciona como disipador de la balanza macroeconómica contrarrestando el crecimiento demográfico negativo, sin embargo no es tenida en cuenta a la hora de elaborar políticas educativas y de inclusión laboral. Este problema no es un monopolio francés, sino que incumbe a todos los países de la Unión.