Armando Benedetti Jimeno. Columnista de EL TIEMPO.
Lo que hay que ver antes de autorizar que se haga política desde las cárceles.
Las razones por las cuales un mismo gobierno puede autorizar a unos criminales que hagan política desde la cárcel y arrebatar los derechos políticos a los parientes de quienes resultan comprometidos en la llamada 'parapolitica' no son tan incomprensibles como se insinúan en primera lectura.
Olvidamos a conveniencia que el derecho penal es apenas eso y que, por lo tanto, no puede procurarnos la paz, ni la verdad, ni la reparación. En la mayoría de las oportunidades, tampoco la justicia. Foucault decía que el derecho penal nace "con los inocentes que agonizan al amanecer". O en los crímenes al alba.
Conocí el otro día un estupendo ensayo de Julio González Zapata, profesor de la Universidad de Antioquia dedicado a languidecer las enormes y desmedidas responsabilidades que se le otorgan a la ley en términos de paz, justicia, verdad y reparación con ocasión de la desmovilización de grupos de autodefensa. Demuestra González Zapata que el derecho penal es forzosamente desigual, selectivo y discriminatorio. Esto se materializa en atenuantes, agravantes, fueros, inmunidades, privilegios, tribunales especiales, instancias extraordinarias y tipos de prisión que dispone cada vez. El derecho penal no defiende todos los bienes que interesan a los ciudadanos. Al derecho penal no le interesa sino la verdad procesal, que es un simple remedo instrumental de la verdad esencial. Para un abogado solo existe lo que obra en el expediente. Por eso, pretender que de las confesiones de los victimarios (González advierte que en esa fe exagerada en la confesión hay un retorno a épocas premodernas) y de los procesos penales pueda surgir la verdad compleja y horrible de nuestras guerras es una ingenuidad. Y siempre una farsa.
Agrega González que la ley no es un instrumento de paz. Detrás de la ley arde la guerra, "hirviendo dentro de los mecanismos del poder". Las leyes de amnistía e indulto son de alguna manera antileyes: olvidan el delito o perdonan las penas. El escenario internacional ha arrebatado soberanía a Colombia, que maneja penalmente sus problemas con estándares extranjeros, generalmente concebidos para un derecho global homogéneo.
Las pruebas históricas de la anomia (dificultad para articular lógicas) de nuestro Estado y las instituciones penales es impresionante. La "Regeneración", conservadora, católica y autoritaria, escogió un código liberal iluminista. La "revolución en marcha" de López Pumarejo dictó un código penal positivista de indudable estirpe autoritaria. En 1980, el gobierno más enfático en la "Seguridad Nacional" de la guerra fría canceló nominalmente el "peligrosismo" de 1936. La esquizofrenia llega hasta nuestros días: la justicia restaurativa, útil para paliar delincuencias menores, aquí la utilizamos para masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.
Negamos que exista un conflicto cuando se agrava. Negamos el delito político la víspera de cuando lo necesitaremos para una indulgencia que nos procure la paz. Invocamos el interés por las víctimas cuando endurecemos las penas, y precisamente para aquellos delitos (terrorismo, concierto para delinquir, secuestro, etc.) en que más incurren los grupos sediciosos y contrainsurgentes. Lo que no impide, por supuesto, que inventemos unas penas "alternativas" que hagan el esguince.
Nuestras guerras están lejos de terminar. La guerra subversiva es más verdad que nunca. La paramilitar tampoco agoniza. Las desmovilizaciones son masivas pero individuales. Hay quienes no se desmovilizan aún y quienes pretenden suceder a los criminales históricos. Estos últimos aspiran apenas a que un derecho penal indulgente les facilite un escenario menos agónico, rampante, premoderno e irreductiblemente delincuencial donde continuar sus andanzas. Habría que tener en cuenta todo esto antes de autorizar que se haga política desde las cárceles. Y antes de acuñar ilusiones sobre lo que les hará el derecho penal a nuestras pesadillas.
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