Diversos estudios (vrg. Wilson, 1983; 1994; 1996), apuntan que el carácter de un individuo se forma a partir de una serie de elementos entre los que se encuentran la opinión general, las expectativas de vecindad, el sentido de pertenencia a una comunidad, el control social informal, en definitiva, por el ethos de una comunidad. Cuando este entramado de relaciones se degrada, es dable esperar que las conductas de los individuos que se socializan en este medio degradado sigan el mismo camino.
De esta manera, el tejido social o la comunidad opera como una doble forma de contención del individuo: por un lado, lo alberga y lo hace sentir protegido. Por otro, le pauta las conductas al impulsarlo a realizar ciertas prácticas y omitir otras. Dicho en otros términos, lo socializa inculcando determinadas pautas, valores y percepciones comunes. Por el contrario, cuando los lazos sociales se debilitan y la fragmentación social emerge, las personas se desinteresan por sus semejantes y las normas pierden su capacidad reguladora en la práctica. Sin la contención y las limitaciones que impone lo social, el individuo carece de “control social informal”, de modo que los incentivos que reciba para adoptar comportamientos antisociales no se toparán con ninguna barrera de contención. En este contexto aumenta las probabilidades de adoptar actitudes que atenten contra la vida humana, tanto en la propia como la de otros.
De acuerdo a esta perspectiva, el incremento del crimen no es más que la continuación de la indiferencia hacia las normas en otros niveles más graves. La ausencia de reprobación y castigo - aunque sea solamente social- en los casos mencionados va minando la convivencia y generando la supervivencia del más fuerte. En esta línea de pensamiento, cuando el Estado no atribuye una clara prioridad al factor social, contribuye a la marginación de los sectores más bajos librados a su propia suerte, lo cual, combinado con elevados niveles de delincuencia, violencia personal y una justicia imprevisible o contradictoria da origen a lo que se denomina el “síndrome de ilegalidad”.
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